Fuente: EL REPORTE

En la ecuación de Pedro Castillo, la Policía representa el valor más mínimo. Así lo ha venido demostrando desde que asumió la presidencia del Perú. El profesor chotano no solo renombró la “Subcomandancia general” por la del “Jefe del Estado Mayor General” —denominación usada en Venezuela—, sino que también modificó la conformación de la alta esfera en cuatro ocasiones en tan solo un año. Esto, sin embargo, solo es la superficie. El inventario de atropellos también se dio en escenarios que rozan lo surreal. El primer ministro, Aníbal Torres, despotricó varias veces contra la PNP, al punto de minimizarlos en el extranjero; algunos agentes policiales le limpiaron el traje al presidente cuando fue recibido a huevazos en Tacna y en otra ocasión hasta le amarraron los zapatos; y ahora último el Ejecutivo está tratando de sacar de carrera al coronel Harvey Colchado, líder del Equipo Especial de Policías, que integra la misión de desmantelar la presunta red de corrupción en el entorno del mandatario.

El 5 de agosto del 2021, el inquilino de la casa de Pizarro fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La segunda institución, respectivamente, no presagió el oscuro futuro inmediato.

La primera fricción se dio el 28 de agosto. Ese día la Fiscalía y un grupo liderado por el entonces comandante general PNP, César Cervantes, allanaron el local de Perú Libre en Lima y la vivienda de Vladimir Cerrón en Junín. Esto tuvo una respuesta simbólica y otra material. El 31 de agosto, el gobierno, con venia del Congreso, adoptó una denominación de la dictadura de Nicolás Maduro. Eliminaron la Subcomandancia general y en su lugar colocaron el cargo de Jefe del Estado Mayor General. Después, el 3 de septiembre, cambiaron a todo el directorio policial: entraron Javier Santos Gallardo Mendoza para la comandancia general y también el último subcomandante, Javier Ernesto Bueno Victoriano.

Este último mencionado salió de las filas cuando empezaron a exponerse a cuentagotas las presuntas irregularidades en los ascensos en la PNP. El entonces titular del Ministerio del Interior (Mininter), Avelino Guillén, dijo que no existió tal injerencia, pero luego dijo que le llegó una lista de policías a los que debía darse de baja. Al final, se fueron los tres. Y, ya con la institución policial mellada, hubo nuevos cambios el 3 de febrero.

La comandancia la asumió Vicente Tiburcio y la Inspectoría general, Luis Vera Llerena. El primero, respectivamente, abrevió su administración cuando el 4 de abril capturó en un operativo a Arturo Cárdenas, (a) ‘Pinturita’, y a Waldys Vilcapoma, ambos miembros de Los Dinámicos del Centro, organización criminal que presuntamente financió la campaña de Perú Libre. Un día después, el 5, el gobierno decretó un estado de emergencia en Lima y Callao. Volvió a confinar a la ciudadanía. Esto provocó una marcha masiva y violenta en la capital. Pese a ser un escenario presagiable, Aníbal Torres culpó a la Policía en una entrevista con Blu Radio, de Colombia. Atacó diciendo que son insuficientes y que su preparación es deficiente. El final de Tiburcio llegó el 17 de mayo cuando emitió una orden de búsqueda y captura internacional de Bruno Pacheco y de Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo.

Otra vez el directorio fue cambiado. Y el ministro Chávarry renunció. Entró en reemplazo de este último Dimitri Senmache. Y por Tiburcio entró el inspector Luis Vera Llerena. Esto se dio el 24 de mayo. Solo dos semanas después y bajo esta nueva administración, desapareció Juan Silva. La Fiscalía culpó a la Policía, pero Senmache aseguró que no era su papel hacerle seguimiento. Esto provocó otro cambio en el sector Interior. El Congreso censuró a Senmache e ingresó Mariano González el 4 de julio y el 7 Aníbal vuelve a enrostrar su animadversión a la Policía. Las inferiorizó y puso por encima de su trabajo la supuesta efectividad de las rondas campesinas.

El 19 de julio se creó el Equipo Especial de Policías, liderado por el coronel Harvey Colchado. Esto, que fue pedido por la fiscal Marita Barreto, le costó la permanencia a González. Dos semanas después fue reemplazado por Willy Huerta en el Mininter. Y lo primero que hizo fue tratar de expectorar a Colchado bajo la excusa de que debe asumir otras competencias. Esto no siguió su curso. La tensión ya se había acentuado y, en esa ruta, Castillo protagonizó, el 12 de agosto, un hecho que golpeó a la institución policial: pidió a dos agentes que le amarraran los zapatos cuando estaba en la región San Martín. Una clara muestra de lo que significaba su poder.

El 27 de agosto volvió a cambiar el directorio y esta vez habría cumplido con su objetivo: poner a su paisano chotano Segundo Leoncio Mejía Montenegro en la Inspectoría General. Un día después que el presidente fuera recibido a huevazos en Tacna —donde también otros agentes tuvieron que limpiarle el traje en la mitad de la calle—, el nuevo inspector admitió a trámite la denuncia que previamente había dejado el jefe de Estado contra Harvey Colchado para que le abran lo pasen a retiro por haber allanado Palacio de Gobierno.

A la postre, ayer 30 de agosto, día de la patrona de la policía Santa Rosa de Lima, se hizo público un proyecto de ley para declarar el mismo día uno de recuerdo para las víctimas del conflicto interno, ¿Qué está diciendo el presidente con esto? ¿Insinúa que parte de los muertos de la época del terrorismo fueron causados por la PNP en su mismo día? Un atropello simbólico, además de todos los institucionales.

La PNP debe despertar.

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