Este último 16 de junio, el Congreso promulgó la polémica Ley N° 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y que, además, permitirá que estos grupos sean entrenados por las Fuerzas Armadas y la PNP, como también que tengan mayor facilidad para acceder a armamento. Esta iniciativa que sería de doble rasero, y que también dará pie a que estas organizaciones civiles sean registradas en el Sistema de Seguridad Ciudadana, ya había sido aprobada el pasado 22 de abril —con 92 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones— y recordado el último 2 de junio con insistencia en el Parlamento —95 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones— para que se oficialice en las normas legales. Con la publicación ya hecha, se magnifica el temor a que el presidente Pedro Castillo pueda tener a su disposición una fuerza paramilitar, justo cuando estaría ingresando al colofón de su gestión por los fuertes indicios de corrupción en su gobierno.

Estos comités, además de estar limitados, según la teoría, a ser un apoyo para la policía y el ejército en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de ilícito de droga y todo lo relacionado a la inseguridad ciudadana, estarán siempre supervisados, a pesar de que con esta ley se les está otorgando facultades policiales a tal punto que si son demandados o denunciados recibirían el apoyo inmediato del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Es decir, tendrían licencia para actuar deliberadamente con o sin armas, así como también para aplicar justicia con arbitrariedad.

A pesar de haber algunos ejemplos memorables sobre estos grupos que lucharon contra las células terroristas durante los años más oscuros, con el tiempo han ido perdiendo esa credibilidad, sobre todo ahora que hay un evidente interés del gobierno de turno de ganar terreno en las provincias —con los Consejos Descentralizados—, frente a la ‘indiferencia capitalina’.

De hecho, el jefe de Estado ya había dado una antesala de tener un coro dotado de armamento en su primer mensaje a la Nación. “Creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existan éstas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los niveles regionales y locales correspondientes”, dijo en su momento.
 

Meses después, en noviembre, en el 7° Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, que se desarrolló en Yurimaguas, Loreto, lo volvió a decir. “Trabajaremos de cara al país para luchar con la Policía y las Fuerzas Armadas contra estos flagelos que abaten la tranquilidad del pueblo peruano. Combatiremos esos grupos vandálicos que no nos dejan vivir en paz”, articuló. Y, finalmente, lo repitió en diciembre. Con sarcasmo, como quien dice una verdad entre risas, indicó que les pondría una oficina a las rondas cerca al despacho presidencial. “Para que vean ustedes desde allí, no solo para luchar contra los flagelos, los que están afuera, sino para que controlen mi Gobierno, para que vean ustedes si estoy poniendo las uñas allí donde dicen que estoy robándole algo al país”, expresó.

Con el tiempo, Pedro Castillo ha ido maquinando la fórmula para tener su fuerza de choque, su grupo armado con su ADN ideológico. Y lo hizo curiosamente a través y con venia del Congreso, contrapeso que por ratos pierde su papel de oposición. Entre las urgencias, encontró la trampa para establecer esta línea paralela de defensa, como en su momento lo tuvo Adolf Hitler con la SS o los colectivos armados de Hugo Chávez.

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