Un grupo de abogados y ciudadanos expresó su rechazo a una posible medida judicial que autorice el allanamiento de las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verástegui y Juan Peña Flores, quienes integran la defensa legal de la fiscal suprema Patricia Benavides. Según el pronunciamiento, tal acción representaría una represalia por su labor profesional y los recientes avances legales obtenidos por Benavides ante la Junta Nacional de Justicia.

Los firmantes recordaron que, conforme a la sentencia 199/2024 del Tribunal Constitucional en el caso Arsenio Oré Guardia, cualquier allanamiento a estudios de abogados debe estar debidamente justificado, autorizado por un juez y claramente delimitado para evitar la vulneración del secreto profesional. Alegan que en este caso no existen fundamentos válidos, pues la labor de defensa ha sido pública y abierta, sin ningún indicio de ocultamiento.

Asimismo, advirtieron que todo intento de intervención a los despachos de los abogados Abanto y Peña puede constituir una forma de intimidación que socava los principios básicos del debido proceso. Subrayaron que la defensa de Benavides se da en un contexto de alta tensión institucional, donde el Ministerio Público se encuentra dividido respecto al cumplimiento de la resolución de la JNJ que ordena su reposición como fiscal de la Nación.

Pidieron al Poder Judicial que no se preste al "juego mediático" ni tome partido en el conflicto interno del Ministerio Público, el cual, señalaron, ha sido generado por la negativa de acatar el mandato legal de la JNJ. Afirmaron que permitir un allanamiento sin sustento real dañaría el rol constitucional de los abogados y comprometería gravemente la autonomía de la defensa legal.

El pronunciamiento fue suscrito por más de treinta abogados, constitucionalistas, docentes universitarios y ciudadanos, entre ellos Wilber Medina, Aníbal Quiroga, Alfonso Baella, María Laura Peschiera, Carlos Mesía y Domingo García Belaunde, quienes exigieron respeto a las garantías fundamentales del sistema de justicia y el cese de cualquier acto que ponga en riesgo el ejercicio libre del derecho de defensa.

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