El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) enfrenta críticas tras la propuesta de relegar las categorías de autoidentificación étnica “mestizo” y “blanco” a una subcategoría denominada “otros” en el próximo Censo Nacional 2025. Esta decisión, impulsada por organizaciones indigenistas como la ONAMIAP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, ha generado controversia por su aparente carga ideológica y las posibles repercusiones en la precisión estadística del proceso.

La autoidentificación como “mestizo” o “blanco” abarcó al 66% de los peruanos en el censo de 2017, quienes optaron por estas categorías en función de sus antepasados, costumbres y tradiciones. Sin embargo, de aprobarse las modificaciones, estas opciones se unirían bajo la etiqueta “otros”, junto con una nueva subcategoría: “trigueños”.

Los críticos señalan que estas propuestas responden a intereses políticos más que técnicos. Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq, afirmó que estas organizaciones buscan que más personas se identifiquen como indígenas para ganar relevancia política y acceder a mayores recursos. Asimismo, Enrique Banús, antropólogo y decano en la Universidad de Piura, advirtió que distorsionar los datos censales podría comprometer su utilidad en la formulación de políticas públicas.

La ONAMIAP, a través de foros como el realizado en octubre de 2024, ha defendido esta postura. Durante dicho evento, activistas y aliados internacionales, como Fabiana del Popolo del Celade-Cepal, discutieron la eliminación de “mestizo” y “blanco” como categorías independientes. Esta alianza entre ONG locales y organismos internacionales ha sido señalada como una de las principales fuerzas detrás de los cambios propuestos.

Por su parte, gremios y autoridades locales, como Ericka Sandy, presidenta de la Cámara de Comercio de San Martín, han expresado su preocupación por la falta de consulta inclusiva en la preparación del censo. Sandy subrayó la importancia de reflejar la diversidad cultural del país sin borrar una parte de su identidad.

El INEI, por su lado, ha intentado justificar los cambios, aunque asegura que las reuniones con la ONAMIAP han sido parte de su trabajo técnico habitual. A mediados de enero de 2025, se realizará una junta multisectorial para recoger opiniones de diversos actores sociales.

Este censo también será diferente en su metodología. Por primera vez, se extenderá por tres meses, de agosto a octubre de 2025, con el objetivo de garantizar un empadronamiento completo. Además, se incorporará el uso de dispositivos móviles para facilitar la participación ciudadana y se capacitará a 40,000 estudiantes universitarios como censistas.

La polémica en torno a las categorías de autoidentificación étnica plantea preguntas sobre la representatividad y la neutralidad de este importante proceso. ¿Responderán las autoridades a las preocupaciones de la ciudadanía? ¿Podrá el INEI asegurar un censo inclusivo y técnicamente sólido? Las respuestas a estas interrogantes serán clave para definir el éxito del Censo 2025 y su impacto en las políticas públicas del país.