La empresa Aenza, anteriormente conocida como Graña y Montero, anunció que interpondrá demandas judiciales contra tres de sus antiguos directivos —José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker— por presuntamente haber instrumentalizado la compañía para cometer actos ilícitos relacionados con los casos Club de la Construcción y Lava Jato.

La compañía indicó que esta decisión representa un paso decisivo para cerrar definitivamente una etapa marcada por escándalos y reafirmar su compromiso con la transparencia.

De acuerdo con el comunicado difundido este martes, Aenza sostiene que los exdirectivos actuaron de forma “deliberada y calculada” a espaldas de los órganos de gobierno y de los trabajadores de la empresa, con el fin de beneficiarse indebidamente mediante prácticas corruptas. En el caso de José y Hernando Graña, la empresa recordó que ambos reconocieron su responsabilidad ante la justicia peruana, lo que, según la compañía, confirma la gravedad de los daños causados.

Entre las consecuencias que la compañía atribuye a las acciones de los exdirectivos se encuentran la pérdida de contratos con el Estado, la cancelación de proyectos clave y el despido de miles de trabajadores, lo que afectó a más de 7.000 familias. Aenza señaló que, pese a haber cumplido con las sanciones impuestas por las autoridades —incluido el pago de reparaciones civiles y la restricción para contratar con el Estado—, resulta necesario exigir responsabilidades individuales a quienes provocaron el colapso reputacional de la firma.

El directorio precisó que desde 2021 los antiguos socios fundadores no tienen participación alguna en la gestión de la empresa. Actualmente, los principales accionistas son las cuatro AFP peruanas, que poseen el 43,8% del capital, y el fondo internacional IG4 Capital, con el 27,8%. Según la compañía, esta nueva estructura societaria refleja una etapa de estabilidad y gobernanza basada en principios de integridad y sostenibilidad.

Aenza enfatizó que opera hoy bajo un sistema de gestión antisoborno certificado con la norma ISO 37001, que garantiza estándares internacionales de control y auditoría. “Somos una empresa transformada, con un directorio y management totalmente renovados, comprometidos con la ética y la legalidad”, remarcó la compañía, expresando además su confianza en que la justicia actúe con firmeza para marcar un precedente en la lucha contra la corrupción empresarial.