La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su rechazo al reciente fallo judicial que ordena la suspensión del cobro del peaje en la zona de Conchán, asegurando que esta medida socava gravemente el sistema de concesiones viales en el país y amenaza el desarrollo de infraestructura en beneficio de todos los peruanos.

Según el comunicado difundido, la decisión judicial desconoce un contrato de concesión legalmente establecido, lo que no solo pone en riesgo los proyectos actuales, sino que podría condenar al país a seguir dependiendo exclusivamente de un presupuesto público insuficiente para cerrar la enorme brecha vial existente. AFIN alertó que más del 80% de las carreteras del país aún no están pavimentadas, y que, sin inversión privada, se requerirían siglos para resolver esta situación.

La organización recalcó que las Asociaciones Público-Privadas (APP) permiten financiar, ejecutar y mantener obras de infraestructura a través de contratos que definen mecanismos de retribución como los peajes. Desconocer estas tarifas, señalaron, envía un mensaje negativo a los inversionistas y afecta la seguridad jurídica en el país, lo cual tendrá repercusiones a largo plazo para la conectividad de millones de peruanos.

Sobre el caso específico de Conchán, AFIN cuestionó que se exija la existencia de una vía alterna cuando ya está habilitada la antigua Panamericana Sur, la cual ha sido recientemente remodelada. Finalmente, la asociación confió en que las instancias superiores del Poder Judicial corregirán esta medida, que consideran carente de sustento técnico y legal, y que podría comprometer el modelo de concesiones como herramienta clave para el desarrollo nacional.