El allanamiento realizado este miércoles 19 de marzo contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, podría ser ilegal debido a que la autorización judicial para dicha intervención había vencido el martes 18.

La Resolución 1, emitida por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, el pasado 3 de marzo, establecía un plazo de quince días para la ejecución de la medida. Sin embargo, el Ministerio Público llevó a cabo la diligencia un día después sin haber solicitado una nueva autorización con datos actualizados.

Esta aparente irregularidad pone en evidencia una posible omisión de la fiscalía a cargo, delegada por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza. No solo se allanó la vivienda de Santiváñez, sino también su oficina en el Ministerio del Interior, lo que genera dudas sobre la legalidad del procedimiento.

El ministro es investigado por presunto tráfico de influencias, ya que, según testigos, habría solicitado 20 mil dólares a personas que defendió como abogado, presuntamente para sobornar a miembros del Tribunal Constitucional. No obstante, el tribuno Gustavo Gutiérrez Ticse desmintió esta versión y presentó documentos que muestran que los recursos constitucionales en cuestión fueron rechazados en febrero y mayo.

Este nuevo allanamiento se suma al realizado hace dos semanas contra Santiváñez por presunto abuso de autoridad, en un contexto donde se cuestiona la actuación del Ministerio Público en casos de alto perfil.