Las decisiones adoptadas en el Congreso de la República del Perú han contribuido a ampliar la brecha entre las remuneraciones del sector público y las del sector privado en los últimos años, según un análisis basado en datos oficiales. Diversas leyes aprobadas por el Parlamento han incrementado sueldos y beneficios en la administración pública sin que necesariamente se exijan mejoras en la calidad de los servicios estatales.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria procesadas por el Banco Central de Reserva del Perú, los ingresos reales de los trabajadores del Estado aumentaron en promedio 10% entre 2019 y 2025. En contraste, las remuneraciones del sector privado formal registraron una caída de 3,1% en el mismo periodo, en un contexto marcado por la pandemia y la recesión económica de 2023.

Durante esos años, sectores clave de la economía como construcción, comercio, manufactura, minería y transporte enfrentaron caídas sostenidas en su actividad, mientras que el rubro de administración pública —que incluye la burocracia estatal, defensa y otros servicios— mantuvo estabilidad en el empleo y en los pagos salariales, según reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Especialistas señalan que el actual Congreso ha intensificado la aprobación de normas que elevan remuneraciones, homologan beneficios e incorporan más trabajadores a la planilla estatal. Estas medidas han incrementado el gasto público corriente y, según los críticos, responden en parte a motivaciones políticas relacionadas con la búsqueda de respaldo electoral.

Entre las iniciativas recientes figura la aprobación en primera votación del llamado “destrabe” de la homologación del incentivo CAFAE, una medida que ampliaría beneficios para trabajadores del Estado. La norma se suma a otras disposiciones orientadas a reforzar la estabilidad laboral en el sector público.

Sin embargo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú se había advertido previamente que aplicar esta homologación implicaría un costo estimado de alrededor de 4.949 millones de soles anuales. Para los críticos de estas decisiones, el problema central es que el aumento del gasto no ha ido acompañado de reformas orientadas a fortalecer la meritocracia ni a mejorar la calidad de servicios públicos como salud, educación o seguridad.