Martín Vizcarra fue trasladado este miércoles por la noche al penal de Barbadillo para cumplir la condena de 14 años de prisión efectiva impuesta por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Con su ingreso, la pequeña y singular cárcel del distrito de Ate vuelve a colocarse en el centro del debate público: es el único establecimiento penitenciario del país que reúne a varios expresidentes peruanos sentenciados por corrupción u otros delitos cometidos durante o después de sus mandatos.

El exmandatario llegó a Barbadillo tras permanecer varias horas en una sede judicial de La Victoria. El traslado se realizó bajo un fuerte despliegue policial y con un corredor de seguridad coordinado entre el INPE y la Policía Nacional. Según fuentes diversas, Vizcarra ya quedó bajo custodia penitenciaria y será evaluado para su clasificación interna dentro del establecimiento, que hoy alberga también a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, todos con procesos o condenas vinculadas a casos de corrupción y abusos de poder.

Barbadillo, que inicialmente fue un ambiente acondicionado para la reclusión de altos funcionarios, se ha convertido con los años en un símbolo del derrumbe político peruano. Fujimori cumplió allí una condena por violaciones a los derechos humanos; Toledo purga 16 años de prisión por corrupción y lavado de activos; mientras que Humala cumple una sentencia por lavado de activos vinculada al financiamiento ilícito de campañas. El ingreso de Vizcarra refuerza la percepción de un penal reservado, casi por ironía histórica, a quienes alguna vez ocuparon el más alto cargo del país.

La sentencia contra Vizcarra responde a los pagos ilícitos de S/2,3 millones que, según el juzgado, recibió cuando era gobernador de Moquegua para favorecer a empresas constructoras en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El tribunal determinó 6 años de pena por el primer caso y 8 por el segundo, sumando una condena total de 14 años. La fiscalía había solicitado inicialmente 15 años de prisión. Además, se le impuso una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos.

El expresidente, quien ha insistido en su inocencia y calificó la sentencia como un acto de “venganza”, afrontará ahora su reclusión en el recinto que se ha convertido en símbolo de la crisis política acumulada en las últimas décadas. Barbadillo, con capacidad limitada y condiciones particulares de seguridad, continuará siendo el escenario donde confluyen las historias judiciales de los exmandatarios peruanos, un recordatorio permanente del deterioro institucional que el país aún lucha por superar.