La Corte Suprema de Brasil anuló las pruebas que vinculaban a la ex primera dama peruana, Nadine Heredia, con presuntos aportes ilícitos de Odebrecht. La decisión fue tomada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien concluyó que los sistemas internos utilizados por la constructora para registrar pagos ilegales no cuentan con autenticidad ni cadena de custodia verificable, por lo que no pueden ser utilizados en procesos judiciales ni en cooperación internacional con el Perú.

El fallo señala que la información obtenida de los sistemas Drousys y My Web Day —plataformas donde la empresa habría registrado sobornos y transferencias para campañas políticas en la región— no cumple con los estándares legales mínimos. Toffoli recordó que ya existían decisiones previas del propio Supremo Tribunal Federal declarando inválidos esos sistemas como fuente de evidencia, lo que reforzó su determinación de prohibir su uso en cualquier proceso relacionado con el caso Lava Jato.

La resolución no solo alcanza a Heredia, sino que también beneficia al expresidente Ollanta Humala y a otros implicados. El juez ordenó comunicar su decisión al Ministerio de Justicia de Brasil para impedir que la información sea enviada al Perú como parte de la cooperación judicial. Al quedar sin efecto estas pruebas, una parte relevante de la acusación por presunto lavado de activos contra la ex pareja presidencial pierde sustento.

La medida se produce mientras Nadine Heredia permanece en Brasil bajo asilo diplomático desde abril, tras ser condenada en Perú junto a Humala por presunto lavado de activos, al acusárseles de haber recibido aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas presidenciales. La anulación de las pruebas debilitó aún más el caso que se construyó en coordinación entre autoridades peruanas y brasileñas.

Este nuevo revés judicial complica las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú y podría sentar un precedente para otros procesos que se basaron en la misma información. La decisión de Brasil marca un punto de quiebre en la cooperación internacional que permitió avanzar durante años en la identificación de pagos ilícitos provenientes del gigante constructor.