La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil decidió suspender la tramitación de un convenio de colaboración judicial con el Ministerio Público del Perú vinculado al caso Lava Jato.

La medida se tomó tras una solicitud de exdirectivos de la constructora brasileña OAS —hoy conocida como Grupo Metha—, quienes denunciaron que las autoridades peruanas habrían incumplido los términos del acuerdo previamente suscrito entre ambos países en el marco de la cooperación internacional.

La suspensión afecta específicamente una solicitud del Ministerio Público peruano relacionada con presuntas irregularidades en las obras de la Línea Amarilla, un proyecto vial ejecutado en Lima. El contrato, firmado entre la constructora OAS y la Municipalidad de Lima, está bajo investigación por supuestos pagos ilícitos a funcionarios peruanos. Esta decisión de la PGR ocurre luego de que se identificaran aparentes violaciones al principio de especialidad y a las garantías contra la autoincriminación, establecidos en los tratados de colaboración entre Brasil y Perú.

De acuerdo con el medio brasileño O GLOBO, esta no es la primera vez que se interrumpe la cooperación judicial con Perú en el marco de la Operación Lava Jato. La Fiscalía brasileña ya había congelado previamente el intercambio de información en los casos vinculados a la ex Odebrecht (ahora Novonor). En esta ocasión, el freno responde a un proceso penal iniciado en Perú contra exejecutivos de OAS, a pesar de que estos ya habían colaborado con las autoridades brasileñas bajo condiciones específicas de protección legal.

Uno de los denunciantes señaló que fue procesado por el Ministerio Público peruano por lavado de activos a pesar de haber revelado voluntariamente los hechos al sistema judicial brasileño. Su defensa alega que el Perú no respetó los Términos de Compromiso de Especialidad y Limitación de Uso de Prueba firmados con la PGR. Según la acusación fiscal peruana, el ex directivo habría participado en el lavado de 1.34 millones de dólares entre 2013 y 2014, destinados a supuestos actos de corrupción en la comuna limeña.

La PGR indicó en su resolución que Brasil condiciona el uso de pruebas entregadas a través de acuerdos de colaboración a la garantía de que sus ciudadanos o empresas no sean enjuiciados penal o administrativamente por los mismos hechos en otras jurisdicciones. A la fecha, las autoridades peruanas no han respondido oficialmente a las observaciones de Brasil, lo que ha prolongado la suspensión del acuerdo.

El caso pone en evidencia las crecientes tensiones en torno a la cooperación judicial internacional, particularmente en contextos de megacorrupción como el de Lava Jato. Perú es uno de los países con mayor número de expresidentes investigados o condenados por este escándalo, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes enfrentan cargos por sobornos y financiamiento ilegal de campañas. Mientras tanto, la continuidad de la colaboración entre ambos países queda en suspenso, a la espera de aclaraciones por parte del Estado peruano.