Un reciente informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revela que casi mil personas vinculadas a la extorsión y al asesinato han ingresado dos o más veces a cárceles peruanas. Los datos, correspondientes a julio de 2025, muestran que estos delitos no solo se mantienen como una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana, sino que también evidencian una alarmante reincidencia.

Según el documento, el 41% de las extorsiones en el país se comete desde las prisiones mediante el uso de tarjetas SIM difíciles de rastrear.

De acuerdo con el INPE, de los 1.389 reos por extorsión registrados hasta julio de 2025, 287 ya habían estado encarcelados previamente, sea por el mismo delito u otros. En el caso de los homicidas, la cifra es aún mayor: de 3.358 asesinos encarcelados, 703 son reincidentes. En total, 990 internos relacionados con la extorsión o el sicariato volvieron a prisión al menos una vez, y algunos casos extremos registran hasta ocho ingresos.

Ante esta situación, el abogado penalista Carlos Caro explicó a Infobae Perú que la reincidencia es frecuente porque para los extorsionadores y sicarios el delito funciona como un “oficio” ligado a un beneficio económico directo. Según indicó, una de las estrategias de las defensas de estos acusados es dilatar los procesos judiciales para que los plazos de prisión preventiva expiren antes de que la Fiscalía logre presentar una acusación formal.

Caro sostuvo que, por ejemplo, una extorsión simple puede tener una prisión preventiva máxima de nueve meses, mientras que un juicio penal puede tardar no menos de tres años. Esto abre paso a la llamada “puerta giratoria”: el imputado sale de prisión antes de ser sentenciado y vuelve a cometer el delito. En casos de extorsión, los plazos de prisión preventiva alcanzan entre nueve y dieciocho meses, periodo que resulta insuficiente para cerrar un proceso.

El especialista planteó que la única forma de frenar este ciclo es la creación de fiscalías y juzgados especializados dedicados exclusivamente a delitos de extorsión y sicariato. Según su análisis, con equipos enfocados en estos casos sería posible asegurar que, incluso con plazos cortos de detención preventiva, exista una acusación formal y una sentencia a tiempo, evitando que los delincuentes regresen a las calles.

Finalmente, Caro señaló que el Ejecutivo debería aumentar el presupuesto destinado al Ministerio Público y al Poder Judicial para implementar estos despachos especializados. Aseguró que los fiscales que actualmente manejan estos casos están sobrecargados de trabajo y no cuentan con los recursos necesarios para atenderlos con la urgencia que exige la magnitud del problema.