Firma la petición aquí:

https://queremospas.pe/firma-aqui/

El Colectivo PAS, en alianza con activistas y expertos, ha lanzado una campaña para detener la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), denunciando su rol en el crecimiento de la minería ilegal en Perú. Esta actividad ilegal no solo provoca pérdidas anuales de 27,360 millones de dólares, sino que también alimenta la violencia y el crimen organizado en el país.

El abogado ambientalista César Ipenza, vocero del Colectivo PAS, subrayó que el Reinfo, creado en 2016 como un mecanismo temporal para la formalización minera, se ha convertido en “un mecanismo de impunidad”. Al estar inscritos en este registro, los mineros quedan exentos de responsabilidad penal, lo que, según Ipenza, permite a muchos operar sin control y evade la intervención policial. Además, de los más de 87,000 inscritos en el Reinfo, solo el 2.4% ha logrado formalizarse, lo que indica una grave deficiencia en el proceso.

El Colectivo PAS está promoviendo un espacio de conciencia ciudadana a través de su sitio web queremospas.pe, donde se invita a la población a firmar una petición para frenar la ampliación del Reinfo. La campaña busca detener la normalización de la minería ilegal, la cual, según Ipenza, “destruye nuestra sociedad y favorece el lavado de dinero de origen ilícito.”

Por otro lado, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) continúa presionando por la extensión del Reinfo. La organización ha convocado una nueva movilización para los días 11 al 14 de noviembre en Lima, en apoyo al Proyecto de Ley 7462, que pretende extender el plazo de formalización hasta el 2027. Esta será la cuarta marcha en defensa de los intereses de los mineros informales, quienes argumentan que el proceso actual de formalización es complejo y excluyente.

Activistas advierten que la ampliación del Reinfo perpetuaría un “círculo vicioso” en el que la falta de regulaciones adecuadas permite que la minería ilegal siga operando bajo un disfraz de legalidad, incrementando la inseguridad y debilitando la gobernabilidad en las zonas afectadas.