La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la Denuncia Constitucional 658, presentada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, contra el expresidente Martín Vizcarra.

La acusación lo señala por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple y agravada, tipificados en los artículos 317 y 384 del Código Penal. Con diez votos a favor y dos en contra, el informe de calificación fue admitido a trámite sin debate previo.

Según la tesis fiscal, Vizcarra habría liderado una presunta organización criminal llamada “Los Intocables de la Corrupción”, que operó dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), específicamente en Provías Descentralizado. Las investigaciones indican que esta estructura habría funcionado entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, con el objetivo de direccionar licitaciones y contrataciones públicas para obtener beneficios económicos.

La Fiscalía sostiene que la supuesta organización habría copado instituciones del MTC mediante la designación de funcionarios estratégicos, quienes facilitaban lobbies ilícitos y tomaban decisiones administrativas orientadas a manipular procesos de contratación estatal. Se señala además que la red mantenía control sobre las áreas clave para garantizar que las adjudicaciones se otorgaran a determinadas empresas.

De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, los beneficiarios de estas licitaciones debían entregar presuntamente el 3.5 % del monto adjudicado. Ese dinero habría sido trasladado en maletines hasta Palacio de Gobierno para ser entregado al entonces presidente. La denuncia quedó oficialmente en trámite para iniciar las siguientes etapas del proceso constitucional.