El Congreso de la República aprobó y remitió a la presidenta Dina Boluarte una ley que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, introduciendo restricciones para fiscales y jueces al solicitar medidas cautelares contra efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en incidentes mientras ejercen su labor.

El nuevo marco legal establece que los fiscales no podrán solicitar ni los jueces dictar detención preliminar judicial ni prisión preventiva contra personal policial que, cumpliendo su función constitucional, emplee armas o medios de defensa de manera reglamentaria, incluso si esto resulta en lesiones o muertes.

Estas disposiciones, contenidas en los nuevos artículos 261-A y 268-B del Nuevo Código Procesal Penal, buscan reforzar el principio de presunción de inocencia y otorgar mayor seguridad jurídica al personal policial.

Asimismo, la norma restringe las comparecencias restrictivas para policías en actividad y deroga el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, eliminando una disposición clave en los procesos judiciales.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró que la norma es un avance para proteger a los efectivos que arriesgan su vida por la seguridad ciudadana, evitando lo que calificó como “persecuciones judiciales injustas”. No obstante, algunos sectores consideran que esta medida podría debilitar la fiscalización y fomentar posibles excesos de autoridad.

La presidenta Dina Boluarte tiene ahora la tarea de evaluar la promulgación de la norma, que ha generado debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la necesidad de garantizar justicia en casos que involucren a las fuerzas del orden. El plazo para su promulgación u observación será clave en un momento de creciente escrutinio sobre las políticas de seguridad y derechos humanos en el país.