El Congreso de la República está tramitando una nueva ley que permitiría al Estado peruano embargar propiedades y activos de la empresa brasileña Odebrecht, ahora conocida como OEC, para asegurar el cobro de reparaciones civiles. Este proyecto número 6476 y presentado por Wilson Soto (Acción Popular), se discute en las comisiones de Justicia y Economía.

La procuradora Silvana Carrión ha indicado que la Ley 30737, vigente desde 2017, impide la incautación de bienes de Odebrecht, a pesar de que la empresa ha admitido su participación en actos de corrupción. El nuevo proyecto de ley propone modificar artículos clave de esta norma para permitir embargos incluso si las investigaciones o procesos judiciales están en curso.

El proyecto modifica el literal c) del numeral 1.1 del artículo 1 y el artículo 2, además de incorporar el artículo 8-A. Estas modificaciones se aplicarían a empresas que admitan o reconozcan delitos contra la administración pública, lavado de activos o crímenes conexos, asegurando el pago inmediato de reparaciones civiles al Estado peruano.

Esta medida afectaría no solo a Odebrecht, sino también a otras empresas como Graña y Montero, y sus representantes. La ley permitiría embargos sin esperar la conclusión de los procesos judiciales, facilitando la recuperación de los fondos robados al país.

El impulso de esta ley en el Congreso se considera un paso importante en la lucha contra la corrupción, buscando que las empresas responsables asuman sus responsabilidades económicas y contribuyan a reparar el daño causado al Estado peruano.