El Congreso de la República aprobó este miércoles una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por su presunta responsabilidad en la adquisición masiva de pruebas rápidas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Según la acusación, esta decisión habría contribuido a la muerte de miles de peruanos al emplearse una estrategia sanitaria considerada ineficaz por la comunidad científica.

La denuncia también alcanza al exministro de Salud, Víctor Zamora, y a la exministra de Economía, María Antonieta Alva.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia N.° 580, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con 15 votos a favor y una abstención. El documento señala que el gobierno de Vizcarra concertó la compra directa de más de un millón de pruebas serológicas sin sustento técnico ni respaldo suficiente, favoreciendo a determinadas empresas y desechando alternativas como las pruebas moleculares, recomendadas por organismos internacionales.

El 18 de marzo de 2020, en una reunión convocada en el Ministerio de Economía, Vizcarra y sus ministros decidieron priorizar las pruebas rápidas alegando escasez de otras opciones. Sin embargo, días después se desestimó una oferta de 500 mil pruebas moleculares provenientes de Corea del Sur. Tres días más tarde, se emitieron órdenes de compra por más de 23 millones de soles a favor de empresas como Nipro Medical y Multimedical Supplies. La entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, renunció alegando desacuerdo con la decisión.

La comunidad médica advirtió desde un inicio que las pruebas rápidas detectaban anticuerpos y no el virus en sí, lo que las hacía ineficaces para el diagnóstico temprano. Aun así, el gobierno optó por utilizarlas como base de su estrategia, lo que dificultó la contención del virus en los primeros meses y, según los informes preliminares del Congreso, derivó en miles de muertes evitables.

Con esta admisión, Vizcarra enfrenta la posibilidad de una cuarta inhabilitación para ejercer funciones públicas por hasta diez años. La denuncia también podría tener implicancias penales si se determina que hubo concertación indebida o malversación de fondos. Para muchos legisladores, el caso reabre una herida profunda en la memoria colectiva: la gestión de una emergencia sanitaria en la que decisiones políticas prevalecieron sobre criterios científicos.