Por Fabiola Morales Castillo, publicado en Expreso

El actual Parlamento ha tomado dos decisiones que el público ha rechazado con dureza, la elección del Defensor del Pueblo y la impunidad frente a la conducta de un grupo de parlamentarios que habrían ejercido de ágiles “alfiles” del gobierno pasado, a cambio de prebendas.

Estos hechos nos llevan a suponer que la mayoría de congresistas olvida que su función principal en una democracia es la de “representar” a los ciudadanos y, por tanto, mantenerse en continua comunicación para conocer sus legítimas demandas. Los parlamentarios no son dueños de su asiento, el número de votos del partido político es el que determina el número de curules y ello depende de la voluntad popular que elige a sus representantes de manera preferencial.

En un Estado moderno, no es posible la democracia directa por el altísimo número de ciudadanos, pero ello no quiere decir que el parlamentario deba decidir de espaldas al bien común y a la voluntad popular sobre la que se sostiene; por tanto, es necesario que el Congreso cree plataformas de escucha, información y de rendición de cuentas y, para ello, no basta con su eventual presencia en los medios o redes sociales.

Sin embargo, la carga más pesada del parlamentario actual es la de su asistencia a las comisiones dictaminadoras, de investigación o de trabajo que se multiplican, de legislatura en legislatura. Si son 18 los ministerios, no deben ser mucho más el número de comisiones que legislen y fiscalicen al Gobierno, ni tampoco debieran ser más de 3, el número de comisiones a los que pertenezca cada parlamentario; pero estos números son largamente superados.

A este trabajo que se lleva a cabo cotidianamente, se suman las sesiones plenarias y la semana de representación, en la cual los parlamentarios viajan a sus regiones para atender sus asuntos; pero es necesaria una mayor participación ciudadana, a través de audiencias públicas, en las que se informe sobre el trabajo realizado por el congresista y se escuchen las demandas que requieren de acciones de fiscalización o proyectos de ley.

Un parlamento abierto y receptivo requiere del uso de las tecnologías de la información (TIC) al servicio de las necesidades de la democracia para acercarse al verdadero sentido de la institución representativa y facilitar el acercamiento a las verdaderas necesidades ciudadanas que es necesario atender de manera prioritaria y que, tantas veces, son distintas a las que se imagina.

El porcentaje de aceptación del Congreso está por los suelos y muchos parlamentarios lo justifican echando la culpa a los mensajeros, a sus propios colegas o al sistema; pero nunca a sus propios errores como ha sido el caso tan cuestionable de dejar fuera de juego a dos candidatos de prestigio para Defensor del Pueblo, haciendo oídos sordos a sus propios votantes.

Más todavía ha afectado la votación para salvar a los congresistas que Pedro Castillo habría llamado “niños” y que, según denuncias, estaban siempre para protegerlo de cualquier control político. Pero a estas alturas, ya parece que a los parlamentarios no les importa estar dando las herramientas a la extrema izquierda para dar el zarpazo a la democracia.

Si el Parlamento quiere recuperar la confianza ciudadana debe, como aconseja Rafael Rubio: 1) Reforzar el papel del representante y mejorar el entendimiento con el público. 2) Mejorar la rendición de cuentas reforzando su papel fiscalizador. 3) Colaborar de manera más estrecha con los organismos mediadores que interpretan la actividad parlamentaria. Solo un parlamento representativo, transparente, accesible, responsable y eficaz, restaurará la confianza.

(*) Ex congresista de la República