Desde el año 2001, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha destinado un total de 3,798 millones de dólares para el desarrollo del Perú, con un enfoque particular en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, una grave denuncia ha salido a la luz: un sector de la izquierda peruana, denominado "caviar", se habría apropiado indebidamente del 85% de estos recursos. Según estas acusaciones, este grupo utilizó estos fondos como su segunda fuente de ingresos, mientras que la primera sería el negocio de consultorías con el Estado.

La posible reducción o eliminación del financiamiento de USAID representaría un duro golpe para este sector político, afectando su financiamiento y operatividad en el país. Esto ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el uso de estos fondos y el impacto real de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Según las cifras oficiales, el Perú registró una producción potencial de clorhidrato de cocaína (CHC) de 324 toneladas en 2014. Esta cifra disminuyó levemente a 315 toneladas en 2015, pero desde entonces experimentó un crecimiento constante: 343 toneladas en 2016, 410 en 2017, 480 en 2018, 550 en 2019, 611 en 2020, 720 en 2021 y 940 en 2022. En comparación, Colombia pasó de producir 442 toneladas en 2014 a 1,500 en 2022.

A pesar de los esfuerzos y recursos invertidos por USAID, el crecimiento de la producción de droga en el país ha generado críticas sobre la efectividad de los programas implementados. Además, se ha cuestionado cómo una parte significativa de los fondos terminaban en manos de grupos y consultorías ligadas a sectores políticos, lo que refuerza la preocupación sobre la gestión de estos recursos.

El debate sobre el futuro del financiamiento de USAID en el Perú sigue abierto, con posturas encontradas sobre su efectividad y el impacto que podría tener su posible salida en la lucha contra el narcotráfico y en el financiamiento de ciertos sectores políticos.