El fiscal Rafael Vela ha quedado en el centro de la polémica tras revelarse que su actuación en el caso Odebrecht ha derivado en la suspensión de la cooperación judicial con Brasil y el inicio de millonarios arbitrajes internacionales.

En su defensa ante el Congreso y la opinión pública, Vela aseguró que la empresa brasileña admitió culpabilidad en el caso del Gasoducto del Sur Peruano (GSP), una afirmación que ha sido desmentida por diversas fuentes.

Durante su presentación ante la comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, Vela fue cuestionado por no haber negociado cláusulas que protegieran al Perú de demandas ante tribunales internacionales, como el Ciadi. En un intento por justificar su actuación, dijo que no hubo tiempo suficiente para mejorar las condiciones del convenio. Sin embargo, los registros oficiales indican que asumió su cargo en agosto de 2018, varios meses antes de la firma del acuerdo realizada por el fiscal José Domingo Pérez en febrero de 2019.

Según información revelada, entre agosto de 2018 y la firma del convenio hubo tiempo suficiente para establecer condiciones más beneficiosas para el Estado peruano, incluyendo mecanismos para evitar litigios internacionales. Además, durante ese periodo también se suscribieron acuerdos complementarios, lo que contradice la versión de Vela sobre la falta de tiempo.

Otro hecho que agrava la situación del fiscal coordinador del equipo Lava Jato es que, según fuentes de la justicia brasileña, la Fiscalía peruana lleva más de un año sin responder a requerimientos de información formulados desde Brasil. Esta omisión habría contribuido al enfriamiento de las relaciones bilaterales en materia de cooperación judicial, afectando investigaciones clave y debilitando la posición legal del Perú frente a la constructora.