La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha anunciado la lista de los siete nuevos miembros titulares, seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación. La lista es encabezada por el exprocurador Gino Ríos Patio, quien obtuvo el puntaje más alto (86.48), y está acompañado por Francisco Távara (85.6), Jaime de la Puente (85.4), María Teresa Cabrera (85.23), Víctor Chanduví (85.23), Germán Serkovic (82.03) y Rafael Ruiz Hidalgo (80.65).

Ríos, quien fue procurador del Estado durante el segundo mandato de Alan García, y Távara, expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destacan por sus trayectorias. Por su parte, Cabrera, excongresista de Podemos Perú, jugó un rol importante en la vacancia del expresidente Martín Vizcarra en 2020, quien enfrenta actualmente investigaciones por corrupción.

Como suplentes, el cuadro quedó conformado por Cayo Galindo (79.7), Mónica Rossell (77.99), Iván Guevara (76.72), Roque Bravo (73.41), Freddy Hernándes (75.32), Iris Pacheco (72.86) y Jorge Balarezo (72.12), quienes estarán disponibles en caso de requerirse reemplazos temporales.

La JNJ enfrenta el desafío de recuperar su imagen tras controversias recientes, como el caso de Inés Tello, quien, a pesar de haber superado la edad límite establecida por la Constitución para este cargo, continuó en funciones. Este incidente generó tensiones entre el Congreso y el Poder Judicial.

Francisco Távara, uno de los nuevos miembros, alcanzará la edad límite en mayo de 2026 y ya ha declarado su intención de dejar el cargo cuando corresponda.

Además, se conoce que desde el extranjero se han destinado fondos a organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y otras ONG, con el fin de influir en los procesos de selección. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su interés en monitorear el desarrollo de la JNJ, lo que añade un elemento de atención internacional al organismo.

Con este equipo, la JNJ busca reforzar su rol en la supervisión y evaluación de jueces y fiscales en el país, asegurando que el sistema judicial cumpla con altos estándares de transparencia y responsabilidad.