El cardenal Pedro Barreto y varias ONG fueron desmentidos con pruebas documentales durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que criticaron la reciente elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El embajador peruano ante la OEA, José Luis Sardón, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, lideraron la defensa del Estado peruano, rechazando las acusaciones de falta de transparencia en el proceso.

El cardenal Barreto, representante de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, presentó una intervención de tres minutos en la que denunció, entre otros temas, el incumplimiento del convenio 169 de la OIT respecto a la titulación de tierras de comunidades nativas y campesinas. Sin embargo, los representantes del Estado peruano y los propios miembros de la CIDH señalaron que tales afirmaciones eran irrelevantes para el tema central de la audiencia.

“Es pertinente resaltar que las afirmaciones genéricas sobre el sistema de justicia en Perú y otros temas no relacionados deben venir acompañadas de pruebas concretas”, aclaró el viceministro de Justicia, Charles Napurí.

Por su parte, el embajador Sardón respondió a las críticas de ONG como el IDL, las cuales alegaban una reducción injustificada en el número de candidatos postulantes a la JNJ y falta de transparencia en el proceso. Sardón explicó que, a diferencia de convocatorias anteriores, todas las entrevistas fueron transmitidas en vivo, garantizando acceso público.

Adicionalmente, Josué Gutiérrez desmintió las declaraciones de Yuri Martínez, vicedecana del Colegio de Abogados de Ayacucho, quien afirmó que la convocatoria no se había comunicado adecuadamente. “El mismo Colegio de Abogados de Ayacucho participó en el proceso. Contamos con documentos que prueban su involucramiento y el alcance público de la convocatoria”, sostuvo el defensor del Pueblo.

Gutiérrez también deslindó de acusaciones políticas, reiterando su compromiso con la institucionalidad. “La Policía y la Fiscalía enfrentan infiltraciones vinculadas a la criminalidad organizada, y debemos trabajar para combatir esto”, concluyó.

La CIDH, por su parte, instó a mantener el debate dentro del marco del tema planteado, subrayando la necesidad de evidencia concreta para sustentar las denuncias presentadas.