El Poder Judicial, a través del juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte. La medida responde a una investigación fiscal que lo señala como presunto líder de una organización criminal dedicada a gestionar nombramientos irregulares en cargos estatales.

El Ministerio Público acusa a Boluarte de delitos de negociación incompatible y corrupción, argumentando que habría utilizado al partido político Ciudadanos por el Perú para promover designaciones estratégicas de prefectos y subprefectos en diversas regiones, supuestamente con fines políticos y electorales.

Entre las pruebas presentadas se encuentran audios que vincularían a Nicanor Boluarte con negociaciones en ministerios como el Midis y el Minedu, a cambio de favores políticos. Según la Fiscalía, estas prácticas buscan beneficiar intereses particulares a través del aparato estatal.

El caso también implica a otras figuras, como Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta; Noriel Chingay Salazar, exprefecto de Cajamarca; y varios actores más que habrían participado en estas acciones irregulares.

La última aparición pública de Nicanor Boluarte fue en una audiencia virtual, donde se le observó participando desde el interior de un vehículo, lo que ha generado cuestionamientos sobre su paradero actual. Hasta el momento, el investigado se encuentra en calidad de prófugo.

El abogado defensor señaló no haber logrado establecer contacto con su cliente en los últimos días, alimentando la incertidumbre sobre su situación. La decisión judicial intensifica un caso que podría tener repercusiones políticas significativas, considerando la cercanía del acusado con la mandataria.

Por su parte, el Ministerio Público argumenta que la prisión preventiva es necesaria para evitar la obstrucción de la justicia y garantizar el avance de las investigaciones. Este proceso podría abrir un capítulo crítico tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.