El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se encuentra en el centro de una nueva crisis tras la denuncia de cuatro directivos contra su decano, Raúl Canelo Rabanal, por presuntos malos manejos y gestión irregular de los fondos de la institución.

Los firmantes de la denuncia, el secretario general Félix Romero Vigo, el director de Bienestar Social Víctor Alca Dulanto, el director de Ética Mauro Leandro Martín y el director de Extensión Social Juan Quiroz Rosas, han puesto sus cargos a disposición en medio de una "grave crisis de gobernabilidad".

Uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de aprobación de un presupuesto para el año 2025. Según los denunciantes, el director de Economía, Santiago Portocarrero Calizaya, no ha sustentado adecuadamente las cuentas del CAL, lo que ha afectado el normal funcionamiento de diversas áreas.

Ana Vargas Albines, presidenta de la Junta de Vigilancia del CAL, declaró que la situación es "aún más grave" de lo que se ha reportado hasta ahora. "Se han contratado locadores por casi 100 mil soles, con contratos excesivos. Por ejemplo, al contador Ulises Jordán Ramos se le han pagado 16 mil soles", enfatizó Vargas.

Además, se ha denunciado que los fondos previsionales de los abogados fueron utilizados sin transparencia para la compra de un terreno valuado en casi diez millones de dólares. A esto se suma la falta de rendición de cuentas por parte del decano y su equipo directivo, quienes, según el estatuto del CAL, deberían haber presentado informes financieros cada tres meses.