Escrito por Juan Carlos Suttor en el blog Sin Pelos en la Lengua

En el Perú, una de las principales causas de la crisis del sistema de partidos políticos –aparte de la urgencia de una reforma del sistema electoral– está relacionada al financiamiento de los partidos políticos y al sector privado. En nuestro país, como muchos saben, el financiamiento privado a los partidos tiene límites y topes y, desde ese criterio, desde el Estado se han fomentado diversas formas de control y regulaciones. Incluso en el referendo que convocó Martín Vizcarra se acordó restringir el financiamiento privado a los partidos.

¿Qué es lo que se ha logrado con esta pésima medida –seguramente gran idea del gurú en temas electorales, el caviar Fernando Tuesta–? Pues nada más ni nada menos que la cada vez mayor presencia de economías truchas como son la minería ilegal, el narcotráfico o el transporte informal en el financiamiento de partidos políticos y movimientos regionales a lo largo y ancho del país. Lo contradictorio es que las propias corrientes progresistas, que han apoyado las restricciones al financiamiento privado, hoy encabezan las críticas a la presencia de los intereses de las economías ilegales en los sistemas de representación política del país.

Bien lo dijo Roque Benavides en una reciente entrevista al Diario El Comercio, "Hoy el narcotráfico y la minería ilegal son fuentes de ingreso de muchos de nuestros políticos, y la justicia debería investigar sobre eso".

Y ahí están por ejemplo el mismísimo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, denunciado en diversas oportunidades por medios e instituciones ambientales por tener vínculos con el lobby de la minería informal e ilegal, y autor, en el 2021, del proyecto para ampliar el plazo del proceso de formalización minera (REINFO) hasta diciembre de este año.

Están también los cinco congresistas que plantearon sendos proyectos de ley para la extensión del REINFO por un año, dos años o de manera indefinida. ¿Quiénes son estas joyas? Pues nada más ni nada menos que Darwin Espinoza (ex Acción Popular y hoy Podemos Perú), sindicado en el caso Los Niños, Segundo Quiroz y Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), Guido Bellido (ex Perú Libre y hoy Podemos Perú), investigado por terrorismo y José Luna Gálvez (Podemos Perú), investigado por delitos vinculados a la inscripción de su partido.

Por último, llama poderosamente la atención la inacción de César Acuña, gobernador regional de La Libertad y dueño del partido Alianza para el Progreso (APP) frente a la minería ilegal que campea en su región, especialmente en la provincia de Pataz. ¿Pago de cupos para que se de un «laissez faire, laissez passer»? Pregunto nomás...

Volviendo al tema del financiamiento privado, cabe señalar que en las democracias más longevas y que gozan de la mayor estabilidad de sus instituciones –tales como las del Reino Unido y de Estados Unidos– el financiamiento privado a los partidos no tiene restricción alguna, siempre y cuando se realicen de manera bancarizada y se declare ante la autoridad tributaria y ante el Estado en general. Por el contrario, el avance del progresismo en Europa ha llevado a muchos estados europeos a desarrollar sistemas de restricciones al aporte de los privados a la política. El resultado: hoy las democracias europeas, a pesar de sus fortalezas, han comenzado a debilitarse.

Existe un gigantesco debate ideológico detrás de las posiciones de las corrientes progresistas o woke que promueven las restricciones al financiamiento privado que implica concepciones sobre la democracia, el capitalismo y la naturaleza del empresariado. El progresismo sostiene, de alguna manera, que el capitalismo es un modelo económico que solo crea desigualdad, explotación y exclusión, sobre “la voracidad de los empresarios que acumulan riqueza sobre la explotación, la extracción de la plusvalía, de los trabajadores”. A partir de esta creencia proponen que se empodere las funciones del Estado en el financiamiento de los partidos y se controle “las estrategias e intereses de los empresarios en la política”.

Es bien sabido que estas trasnochadas tesis del progresismo han sido desvirtuadas por las experiencias de los expaíses de la Unión Soviética y todos los estados socialistas. Luego de las expropiaciones más impresionantes de la historia moderna, sin sector privado, sin empresarios, los países soviéticos se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza de la historia moderna. Y si queremos mirar más cerca, ahí están Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

En el Perú, es este discurso "progre" el que nos ha llevado a restringir el financiamiento privado a los partidos políticos, permitiendo, como se ha mencionado lineas arriba, la irrupción de economías ilegales en el sistema de representación política a través de movimientos regionales y bancadas parlamentarias en el Congreso. Ante esta situación, una de las reformas electorales urgentes debería ser la desregulación del financiamiento privado a los partidos, mediante la bancarización y la declaración ante la autoridad tributaria y los organismos electorales, tal como sucede en los países anglosajones.

Felizmente la semana pasada el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó un proyecto que propone modificar la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, a fin de elevar el financiamiento privado en las organizaciones políticas.

Según la propuesta de Muñante, entre otros, los partidos podrán recibir aportes o donaciones en efectivo o en especie de personas naturales, peruanas o domiciliadas en el país, que no superen en un año calendario las 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y ya no las 120 establecidas por la Ley 30689, publicada en noviembre del 2017. Propone también que los partidos también puedan recibir aportes o donaciones en efectivo o en especie de personas jurídicas domiciliadas en el Perú, con o sin fines de lucro, que no superen en un año calendario el equivalente al 10% de sus ingresos obtenidos en el último ejercicio fiscal. En este caso, ninguna persona jurídica podrá realizar aportes o donaciones por encima de las 200 UIT.

Y es que, si el sector privado no es el encargado de financiar a los partidos, ¿debería ser el Estado el gran financista a través de nuestros impuestos? Y, ¿qué sucedería cuando el poder de turno utiliza esa prerrogativa y quiebra la obligatoria imparcialidad estatal? O, ¿qué pasaría si un gobierno como el del ágrafo Pedro Castillo o un proyecto de tipo bolivariano emplea esa facultad para desaparecer a la oposición y la disidencia? En democracia el Estado es controlado por los partidos. No es el Estado el que controla a los partidos.

Concluyendo, solo las sociedades que tienen economías con un sector privado abrumadoramente mayoritario –es decir, capitalistas– han construido sistemas republicanos y expanden la libertad. En Cuba, Venezuela, Nicaragua y en Corea del Norte no hay democracias. Por esas razones el libre financiamiento del sector privado para los partidos es una consecuencia natural de cualquiera que pretenda defender las libertades.