El programa Reactiva Perú, implementado durante el gobierno de Martín Vizcarra con el objetivo de evitar la quiebra de empresas afectadas por la paralización de actividades debido a la pandemia de COVID-19, se ha convertido en el centro de controversias debido al mal uso de los recursos que el Estado avaló.

Según una reciente investigación, varias empresas beneficiarias del programa han cambiado su razón social para evadir el pago de los préstamos otorgados. En algunos casos, estas compañías incluso se declararon en quiebra antes de reorganizarse bajo nuevos nombres, dejando de cumplir con sus obligaciones crediticias.

“La falta de transparencia sobre quiénes recibieron los fondos y en qué condiciones lo hicieron ha permitido que muchas empresas se aprovechen del sistema”, señala un informe local.

Reactiva Perú, diseñado inicialmente para apoyar a empresas de todos los tamaños, benefició mayoritariamente a grandes corporaciones, dejando de lado a pequeños y medianos empresarios. Más del 50% de los créditos otorgados fueron a compañías de gran tamaño, lo que evidenció la ausencia de mecanismos que priorizaran a los sectores más vulnerables.

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en mayo de 2020, señalando que varias empresas beneficiadas tenían RUC inválidos e, incluso, algunas recibieron el beneficio en más de una ocasión. Estas fallas en el diseño y ejecución del programa han generado cuestionamientos sobre la supervisión y control por parte del gobierno de Vizcarra.

Expertos como Alejandro Indacochea han denunciado la falta de información pública sobre las empresas que recibieron los créditos, lo que dificulta identificar a quienes se aprovecharon del programa para luego evadir responsabilidades.

La situación se agrava ante la percepción de que los recursos públicos se destinaron a salvar grandes empresas en lugar de apoyar a los pequeños negocios que enfrentaron el impacto más severo de la crisis.

A casi cinco años de la creación de Reactiva Perú, el programa enfrenta serios cuestionamientos sobre su eficacia y equidad, mientras el Estado aún lucha por recuperar los recursos invertidos. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mayor supervisión en la asignación de fondos públicos y mecanismos más estrictos para evitar el mal uso de los mismos.