El especialista en derecho digital Erick Iriarte señaló que una eventual auditoría al sistema electoral no necesariamente frenaría el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, aunque advirtió que el proceso técnico podría tardar entre tres y seis semanas, dependiendo del alcance que determine el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Iriarte indicó que hasta el momento el JNE no ha precisado cómo se ejecutará la auditoría ni qué aspectos serán revisados. Explicó que existe una diferencia importante entre auditar únicamente procesos operativos y realizar una revisión más profunda que incluya el código fuente, la ciberseguridad, la conectividad y la usabilidad del sistema electoral. “El alcance es clave. No es lo mismo auditar solamente procesos que revisar el código fuente y los sistemas de seguridad”, sostuvo.

El experto recordó además que este tipo de auditoría debió efectuarse antes de los comicios del 12 de abril y no después de realizada la jornada electoral. En ese contexto, señaló que el avance del proceso dependerá de la información técnica que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue a las empresas auditoras que eventualmente sean contratadas. También mencionó que un informe de fiscalización emitido por el propio JNE el pasado 10 de marzo ya advertía problemas relacionados con ciberseguridad y programación.

Respecto al impacto en el calendario electoral, Iriarte explicó que la auditoría no tendría necesariamente efectos directos sobre la segunda vuelta si se trabaja sobre “copias espejo” del sistema y no sobre la plataforma activa. “El STAE ya no se utilizaría para la segunda vuelta, por lo tanto la auditoría no impactaría directamente en el proceso en marcha”, afirmó. Asimismo, sugirió que el JNE evalúe contratar más de una empresa auditora para comparar resultados y reforzar la transparencia del procedimiento.

Otro de los puntos cuestionados por el especialista fue la falta de acceso público al código fuente del sistema electoral. Según manifestó, los programas desarrollados con recursos públicos deberían ser abiertos para fortalecer la confianza ciudadana. Además, recordó que meses atrás el propio JNE descartó la implementación del voto digital para estas elecciones luego de una evaluación técnica interna. Finalmente, remarcó que cualquier decisión política o jurídica sobre los resultados debe sustentarse primero en conclusiones técnicas objetivas.