Las agrupaciones de militares en retiro Unión Ejército, Unión Naval y Unión Fuerza Aérea difundieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 y cuestionan la transparencia, legitimidad y credibilidad del proceso electoral. El documento está dirigido a la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso.

En el comunicado, los exoficiales señalan que, a más de treinta días de realizada la primera vuelta, el JNE no ha logrado ofrecer resultados oficiales “plenamente sustentados” ni generar confianza en la ciudadanía. También afirman que la reciente renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) agravó la incertidumbre y debilitó la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la voluntad popular.

Asimismo, sostienen que diversos sectores ciudadanos, organizaciones sociales y gremios nacionales han expresado inquietudes por presuntas irregularidades, inconsistencias y deficiencias observadas durante el proceso electoral. Según el pronunciamiento, este escenario habría generado una situación de inestabilidad política e institucional que podría afectar la legitimidad de una eventual segunda vuelta.

Entre sus principales demandas, las agrupaciones exigen que no se proclamen resultados oficiales mientras no se realice una pericia internacional integral e independiente de toda la cadena del proceso electoral. Argumentan que dicha auditoría permitiría garantizar transparencia, objetividad y confianza ciudadana en los comicios.

El documento también plantea que, si se verifican irregularidades que hayan distorsionado la voluntad popular o favorecido directa o indirectamente a alguna candidatura, el proceso electoral debería ser declarado nulo y convocarse a nuevas elecciones bajo estrictas garantías de legalidad, transparencia e imparcialidad. Finalmente, los firmantes reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la defensa del orden constitucional.