INFORME ESPECIAL
Alfonso Baella Herrera, CanalB.pe

 

La compra de 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú no es una licitación más. No es un asunto burocrático. No es un capricho castrense. Es, probablemente, la decisión de defensa más importante del Estado peruano en décadas. Y acaso también una definición estratégica mucho más profunda: qué matriz armamentística tendrá el país, con qué bloque tecnológico se alineará y qué tan en serio quiere proteger sus activos vitales en el siglo XXI.

 

Una nación no compra armas solo para disparar. Compra doctrina, entrenamiento, repuestos, interoperabilidad, inteligencia, mantenimiento, diplomacia y dependencia tecnológica de largo plazo. Esa es la verdadera dimensión de una "matriz armamentística". Un sistema de defensa no se mide únicamente por el fuselaje o el misil, sino por la red de alianzas, proveedores y estándares que lo sostienen. Por eso, cuando el Perú discute si opta por el F-16 Block 70, no está eligiendo solo un avión: está escogiendo un eje de inserción geopolítica para los próximos 30 o 40 años.

 

I. Del Perú soviético al Perú occidental

 

En los años setenta, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el Perú giró hacia una fuerte relación militar con la Unión Soviética. Documentos históricos estadounidenses y estudios académicos coinciden en que, frustrado en sus intentos de adquirir cierto equipamiento moderno de origen estadounidense, el Perú terminó recurriendo a Moscú como proveedor principal de armas. Esa decisión no fue neutra: significó un alineamiento material, logístico y político que dejó huella por décadas.

Ese legado no desapareció. La Fuerza Aérea mantuvo por años una combinación de sistemas occidentales y de origen soviético o postsoviético. Pero hoy ese esquema está exhausto. El propio Estado peruano ha reconocido la obsolescencia de los Mirage 2000 y de los MiG-29; el comandante general de la FAP explicó en octubre de 2024 que el proyecto de renovación se venía preparando desde hacía 12 años y que los aviones existentes se acercaban al límite de su vida útil.

Por eso esta compra no es simplemente una renovación. Es una rectificación histórica. El Perú de 2026 no es un país prorruso ni mucho menos un satélite chino. Si su matriz militar de alto valor estratégico se reordena alrededor de Estados Unidos, ello reflejará mejor su ubicación real en el sistema internacional: una democracia frágil, sí, pero inserta en el mundo occidental, necesitada de interoperabilidad, soporte sostenido, acceso tecnológico y respaldo político.

 

II. La defensa no protege fierros: protege puertos, minas, agro y Estado

 

Hay un error recurrente en el debate público peruano: creer que la defensa nacional es un lujo, una extravagancia o una vanidad uniformada. No lo es. La defensa protege los activos que sostienen la República. Protege puertos, corredores logísticos, infraestructura energética, hubs mineros, agroindustria de exportación, espacio aéreo, fronteras, soberanía marítima y continuidad del Estado.

En un país que aspira a consolidarse como plataforma del Pacífico, con puertos estratégicos, minería de escala mundial y un agro cada vez más integrado a los mercados globales, la superioridad o al menos la credibilidad aérea no es ornamental. Es un componente de disuasión. La propia DSCA de Estados Unidos, al autorizar en septiembre de 2025 una posible venta de F-16 al Perú por hasta US$ 3420 millones, señaló que el sistema fortalecería la capacidad peruana para controlar su espacio aéreo soberano, defender sus fronteras y ejecutar operaciones de precisión, además de profundizar la asociación militar con Estados Unidos.

Quien no entiende esto, no entiende el siglo XXI. Hoy la seguridad nacional no se discute solo en trincheras. Se discute en puertos, redes logísticas, cadenas de suministro, cables, energía, rutas comerciales, crimen transnacional y capacidad estatal para ejercer control efectivo. Un país con grandes activos y baja capacidad de defensa emite una señal peligrosa: riqueza sin escudo.

 

III. El vecindario no espera

 

El Perú tampoco decide en el vacío. Decide en un continente donde cada vecino observa sus propios intereses. Chile ya opera F-16 y continúa modernizando parte relevante de su flota; Aviation Week reportó en noviembre de 2025 que Lockheed Martin actualizará 35 F-16 chilenos al estándar M6.6, con horizonte de operación hacia la próxima década.

En otras palabras: en la costa del Pacífico sur, el Perú no compite contra una abstracción, sino contra realidades concretas. La región no premia la ingenuidad. El equilibrio no se preserva con discursos moralistas, sino con capacidades creíbles. Y aunque la DSCA sostuvo que la posible venta al Perú "no alterará el balance militar básico en la región", el mensaje subyacente es claro: Lima necesita recuperar masa crítica aérea para no seguir degradándose frente a sus pares.

Ecuador, por su parte, mira sus propios intereses de seguridad. Todos lo hacen. Sería infantil exigir a los demás que razonen desde la cortesía cuando el sistema internacional razona desde capacidad, oportunidad y cálculo. El Perú debe hacer exactamente lo mismo.

 

IV. La dimensión estratégica con Estados Unidos

 

Aquí aparece el punto mayor. Un F-16 Block 70 no es solo una plataforma. Es entrada a una arquitectura. La notificación oficial de la DSCA del 15 de septiembre de 2025 no fue una nota cualquiera: aprobó una posible venta al Perú de 10 F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70, con radares AESA APG-83, misiles AMRAAM y Sidewinder, guerra electrónica, pods de designación, entrenamiento, simuladores, soporte logístico y acompañamiento técnico. Y subrayó que la operación fortalecería la relación militar de largo plazo entre Perú y Estados Unidos.

Esa es la clave. El avión viene con ecosistema. Con doctrina. Con interoperabilidad. Con acceso a soporte continuado. Con un marco político que, bien gestionado, puede proyectarse hacia cooperación industrial, entrenamiento, intercambio tecnológico y mayor densidad estratégica bilateral. Incluso la comunicación comercial de Lockheed Martin para el caso peruano ha insistido en ese punto: que un F-16 para el Perú implica una relación estratégica de décadas con Estados Unidos.

Por eso no es menor que, según reportes periodísticos recientes, ya hayan existido gestiones de alto nivel, reuniones con el fabricante y contactos con Washington en torno a esta operación. Lo que sería imperdonable no es negociar duro; lo imperdonable sería retroceder sin explicación, enfriar una señal ya emitida y proyectar al mundo la imagen de un Estado que no sabe sostener sus propias decisiones.

 

V. El expediente oscuro: del "sí" al "no sé"

 

Y aquí empieza la zona verdaderamente inquietante. El 20 de marzo de 2026, el presidente José María Balcázar afirmó públicamente que el Perú seguiría con la compra de aviones de combate F-16 de Estados Unidos, atribuyendo esa decisión a la gestión anterior. Horas después, la propia Presidencia emitió un comunicado corrigiendo el mensaje: el proceso, dijo, aún no había concluido, faltaban varias etapas y no existía todavía anuncio final.

Esa contradicción no fue un simple desliz comunicacional. Fue un síntoma de desorden político en torno a la compra más sensible del sector Defensa. Y cuando un gobierno pasa, en cuestión de horas, de un "sí" presidencial a un "todavía no", el problema ya no es semántico. Es institucional. El comunicado oficial de Presidencia enumeró las etapas pendientes: selección del postor, opinión de la Contraloría, negociación del contrato y firma final. Es decir, el propio Gobierno reconoció que el proceso seguía abierto.

 

VI. Contraloría, secreto militar y señales de interferencia

 

Los datos posteriores agravaron la preocupación. La República informó que la Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 aviones por encontrarse incompleto, observando especialmente aspectos vinculados al sustento presupuestal y la documentación necesaria para activar la fase siguiente ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. El mismo reporte indicó que el proceso, aprobado bajo modalidad de secreto militar, requería opinión favorable del órgano de control antes de avanzar a negociación con el proveedor.

Eso no demuestra corrupción. Pero sí demuestra fragilidad procedimental en una operación gigantesca. Y más aún: la secuencia de hechos alimenta preguntas graves. Si el proyecto ya contaba con impulso político, financiamiento activado y una señal internacional emitida, ¿por qué el expediente llegó incompleto? ¿Quién dejó abierta una vulnerabilidad tan delicada? ¿Se trata de torpeza burocrática, pugna interna, resistencia sectorial o lobby de competidores?

Hoy no hay prueba pública concluyente de coimas. Lo responsable es decirlo así. Pero también es responsable decir esto otro: la opacidad, la marcha atrás presidencial y las trabas de última hora son exactamente el tipo de ambiente donde prosperan las presiones indebidas.

En paralelo, también se reportaron reuniones repetidas entre funcionarios del Mindef y delegados de Lockheed Martin para sustentar su programa offset. Ese mismo reporte sostiene que la oferta respaldada por Estados Unidos sería por 12 F-16 Block 70 por US$ 3420 millones, mientras el requerimiento original de la FAP es una flota de 24 aeronaves por un techo estimado de US$ 3500 millones.

Allí aparece otra grieta clave: la aprobación estadounidense notificada por la DSCA en septiembre de 2025 fue para 12 aeronaves, no 24. El proyecto peruano, sin embargo, está estructurado para 24 cazas y un costo total de aproximadamente US$ 3500 millones. Ese desfase obliga a una negociación muy fina en cantidades, fases, configuración y calendario. Si el Estado peruano no maneja ese tramo con extrema precisión, corre el riesgo de empantanarse entre su necesidad operacional, sus techos presupuestales y la ventana política del proveedor.

 

VII. El dinero ya se movió. La indecisión sería letal.

 

Esto no es una hipótesis aérea. El Estado ya movió recursos concretos. En febrero de 2026 se autorizó una transferencia de S/ 1137 millones para iniciar la compra de 24 cazas, y en marzo se aprobó un segundo tramo de S/ 522 millones. Además, la Ley de Endeudamiento 2026 habilitó recursos para completar el financiamiento de la operación, mientras reportes especializados señalan que la estructura del proyecto contempla fases presupuestales vinculadas a una compra total de 24 aviones.

Es decir: el Perú ya entró al túnel. A esta altura, vacilar cuesta. Y cuesta mucho. Porque en las adquisiciones estratégicas no solo importa querer comprar. Importa que el proveedor siga creyendo que eres un socio serio. La autorización de la DSCA es una aprobación de posible venta, no un contrato irrevocable. El propio documento oficial dice que el valor final dependerá de requerimientos finales, disponibilidad presupuestal y de los acuerdos que efectivamente se firmen.

Traducido al castellano político: si Perú se enreda, duda, se contradice, posterga o convierte la compra en botín de intrigas domésticas, puede perder impulso, prioridad y credibilidad. Un fabricante global con alta demanda y un gobierno extranjero que ya emitió una notificación formal no esperarán indefinidamente a un Estado que no logra ordenar su expediente ni alinear su voz presidencial con su procedimiento administrativo.

 

VIII. Lo que está en juego no es solo un avión

 

Lo que hoy se juega es mucho más que una adjudicación. Se juega si el Perú quiere seguir atrapado en la mezcla de improvisación, dependencia de equipos envejecidos y ambigüedad geopolítica, o si está dispuesto a dar un paso limpio, transparente y firme hacia una arquitectura occidental moderna de defensa.

Se juega si el Estado puede proteger La Joya y el sur estratégico, pero también el Callao, Chancay, los corredores mineros, la infraestructura crítica, la agroexportación costera y la soberanía del espacio aéreo nacional. Se juega si la relación con Estados Unidos será apenas protocolar o realmente estructural.

Y se juega, sobre todo, si el Gobierno entiende la gravedad del momento. Porque cuando un presidente dice "sí" y horas después su propio despacho dice "todavía no"; cuando la Contraloría devuelve el expediente; cuando hay modalidad de secreto militar; cuando circulan versiones cruzadas; cuando ya se activó el financiamiento y aun así el mensaje oficial titubea, lo que aparece no es fortaleza. Aparece vulnerabilidad.

 

IX. Un país serio no puede temblar en la puerta de la decisión

 

El Perú tiene derecho a revisar, exigir, negociar y auditar. Lo que no tiene derecho es a vacilar estratégicamente. No en esta compra. No en este momento. No cuando el mundo se reordena, la región se rearma, los activos críticos se multiplican y las potencias leen cada gesto como señal.

Si existen intereses oscuros que buscan frenar la adquisición, deben ser expuestos. Si hay lobbies cruzados, deben ser revelados. Si hubo torpeza, debe corregirse de inmediato. Y si ya se tomó una definición de fondo, el país merece que se la digan con claridad y que se la ejecuten con pulcritud.

Porque lo más peligroso no sería comprar caro. Lo más peligroso sería quedarnos otra vez a medio camino: sin avión nuevo, sin viejo avión útil, sin credibilidad externa y con la defensa nacional sometida a las vacilaciones de la pequeña política. Y un país que duda incluso cuando debe defender su cielo, termina enviando al mundo el peor mensaje posible: que tiene activos estratégicos, pero no decisión estratégica. Que tiene amenazas, pero no carácter. Que tiene Estado, pero no rumbo.