El fiscal Henry Amenábar, capturado este martes dentro de un baño de un centro comercial mientras recibía tres mil dólares de soborno, formó parte del operativo que intentó detener al expresidente Alan García en 2019, diligencia que terminó con el suicidio del exmandatario. El funcionario, adjunto a la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, se convierte en el octavo fiscal arrestado por corrupción en el año.

El general Luis Lira, director contra la Corrupción de la PNP, informó que Amenábar habría solicitado veinte mil dólares para favorecer a un investigado por estafa en la compra impaga de una joya valorizada en cincuenta mil dólares. El pago incautado era parte del monto exigido para sobreseer la investigación, según la denuncia que permitió el operativo policial. Los agentes fotocopiaron previamente los billetes y confirmaron su correspondencia con el dinero hallado durante la intervención.

Las autoridades detallaron que el fiscal citó al denunciante en un café de San Borja, con el fin de asegurar la entrega del soborno. Lira señaló que el detenido no era un funcionario ajeno a casos sensibles, pues también trabajó en investigaciones del Caso Odebrecht y en la diligencia que buscaba detener a Alan García. El antecedente reavivó la discusión sobre la actuación fiscal de aquel 17 de abril, cuando el expresidente ingresó a su habitación y se disparó al saber de la orden de captura.

La noticia generó reacciones inmediatas. Ricardo Pinedo, exsecretario de García, calificó el hecho como el desenlace de una “cobardía” institucional, recordando que Amenábar fue quien encabezó la intervención ante la ausencia del fiscal José Domingo Pérez. En su momento, la Oficina Desconcentrada de Control Interno abrió procesos contra ambos por presuntas irregularidades en el procedimiento, entre ellas no establecer medidas para resguardar la integridad del exmandatario.

Amenábar también tuvo participación directa en el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Equipo Especial Lava Jato y Odebrecht, mediante el cual se documentaron setecientos treinta y nueve tomos de pruebas y testimonios sobre corrupción en proyectos como la Línea 1 del Metro de Lima, la Interoceánica, la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco. El convenio estableció una reparación civil de seiscientos diez millones de soles a pagar en quince años, más intereses e impuestos pendientes.

Su arresto vuelve a encender alarmas sobre la integridad del sistema fiscal en medio de investigaciones anticorrupción que aún impactan la política nacional. El Ministerio Público deberá determinar si Amenábar actuó en beneficio personal o si existieron redes más amplias vinculadas a sus decisiones. Por ahora, permanece detenido mientras avanza la pesquisa policial y fiscal sobre el soborno registrado en flagrancia.