Después de 14 meses desde que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitara la suspensión del cobro de los peajes de la Línea Amarilla, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado al Poder Judicial suspender las actividades de recaudación de los peajes gestionados por Lima Expresa S.A.C., anteriormente Lamsac.

La medida afecta a peajes ubicados en puntos clave de la ciudad, incluyendo la Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, y las secciones Estadio, Ejército y Huánuco.

En su solicitud, Pérez también propuso que la administración de los bienes relacionados con la concesión quede bajo la custodia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes S.A. (Emape S.A.). Esta acción, enmarcada en el artículo 313 del Código Procesal Penal, busca cautelar los intereses del Estado peruano y proteger las instalaciones del terreno otorgado bajo contrato de concesión.

La iniciativa del fiscal se inscribe en las investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción en torno a la concesión de la Línea Amarilla. Las indagaciones involucran a la empresa concesionaria Línea Amarilla S.A.C., la constructora brasileña OAS, y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, bajo cuya gestión se habría suscrito el cuestionado contrato de concesión.

La Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos ha respaldado esta solicitud, argumentando que los ingresos generados por los peajes podrían ser producto de actos ilícitos y que deben quedar bajo control del Estado hasta que se esclarezcan los hechos.

La respuesta de las autoridades judiciales a este pedido será crucial, pues se trata de uno de los puntos más cuestionados en torno a las concesiones en Lima.