La Fiscalía advirtió que la Policía Nacional del Perú no cuenta con el software especializado para extraer información de celulares incautados durante operativos contra bandas de extorsión, lo que retrasa las investigaciones hasta por un año.

Durante una mesa de trabajo en el Congreso, el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, explicó que cuando intervienen a una organización criminal pueden decomisar más de 40 teléfonos, pero al no contar con herramientas como Cellebrite, la revisión de los equipos debe hacerse de manera manual.

El fiscal detalló que esta limitación afecta directamente la eficacia de las investigaciones. Señaló que, en un reciente operativo en San Martín, donde fueron detenidas 12 personas —entre ellas varios efectivos policiales— y se incautaron 28 celulares, los peritos informaron que recién en septiembre del próximo año podrían entregar los resultados del análisis. Remarcó que la falta de laboratorios de criminalística agrava aún más la demora en la obtención de pruebas.

Jorge Chávez Cotrina precisó que implementar el software especializado requeriría una inversión aproximada de cuatro millones de soles. Indicó que esta tecnología permitiría obtener la información de los celulares en cuestión de minutos, siempre bajo mandato judicial, y pidió al Congreso considerar este gasto como prioritario para enfrentar la extorsión, uno de los delitos de mayor crecimiento en el país. “No se va a quebrar la caja fiscal por cuatro millones”, sostuvo.

El director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, coincidió en que la falta de tecnología limita gravemente el trabajo de la PNP y del Ministerio Público. Recordó que la Policía también enfrenta carencias en otras áreas, como radios de comunicación —se necesitan cerca de 80,000 unidades— y equipamiento básico para las investigaciones. Advirtió que la institución está siendo enviada a combatir el crimen organizado sin las herramientas mínimas para hacerlo de manera efectiva.

Sin embargo, especialistas en derechos digitales alertan sobre los riesgos de dotar a la PNP de herramientas de extracción masiva de datos sin supervisión adecuada. El abogado Dilmar Villena planteó que cualquier implementación tecnológica debe estar acompañada de controles estrictos, transparencia y uso exclusivo con orden judicial, recordando que recientemente más de 50 activistas y periodistas denunciaron bloqueos indebidos de sus líneas telefónicas.

Los expertos coincidieron en que la tecnología es necesaria, pero que su uso indebido podría derivar en prácticas de vigilancia o persecución política.