El Equipo Especial Lava Jato presentará 18 testigos, cuatro peritos y cerca de 90 documentos en el segundo juicio oral contra Martín Vizcarra, esta vez por el presunto delito de colusión simple en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El proceso avanzará a juzgamiento tras el auto de enjuiciamiento emitido por el juez Víctor Alcocer, días después de que el expresidente fuera condenado a 14 años de prisión en su primer juicio por cohecho.

A diferencia del delito de cohecho, por el que ya recibió condena, este nuevo juzgamiento abordará exclusivamente la presunta concertación ilícita entre Vizcarra y las constructoras Obrainsa e ICCGSA. Fuentes del caso explican que, al centrarse en el acuerdo y no en la entrega del dinero, la fiscalía recurre a un número menor de testigos y pruebas, lo que permitiría un proceso más breve que el anterior, que tomó 13 meses y contó con más de 27 testigos y 11 peritos.

En esta ocasión no declararán personas que sí participaron en el primer juicio, como el conserje que retiró el dinero de las presuntas coimas o el chofer del exministro José Manuel Hernández. En cambio, se presentarán los testigos principales del Ministerio Público: exdirectivos de Obrainsa, ICCGSA y el propio Hernández, señalados como protagonistas de los acuerdos ilícitos con el entonces gobernador regional.

La fiscalía sostiene que el primer pacto ocurrió en noviembre de 2013, cuando Vizcarra habría ofrecido información privilegiada a Obrainsa para favorecerla con el contrato de Lomas de Ilo a cambio de una coima de S/1 millón. El segundo acuerdo, según el caso, se habría dado semanas después durante el CADE, cuando Hernández habría planteado a ICCGSA el pago de S/1,3 millones para asegurar la firma del contrato del Hospital de Moquegua.

La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Erwin Siccha, también presentará 22 testigos, entre ellos el brasileño Fernando Cotrim Barbieri, exrepresentante de UNOPS en Perú, cuya declaración no fue posible en el primer juicio. Además, el juez admitió tres peritos y alrededor de 90 documentos ofrecidos por el equipo legal de Vizcarra.

Pese al avance hacia el juicio oral, Vizcarra y su defensa insisten en que el proceso debe archivarse por cosa juzgada, al considerar que se le pretende juzgar por hechos ya abordados en su reciente condena. También alegan que no se configura el delito de colusión y que el caso habría prescrito, por lo que solicitarán nuevamente el cierre del expediente.