El coronel Harvey Colchado, ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, estuvo cerca de ser detenido luego de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalara presuntas irregularidades en el uso del presupuesto durante su gestión. Sin embargo, la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción fue declarada infundada por el Poder Judicial, impidiendo su detención y el allanamiento de las oficinas de la Diviac.

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Colchado, indicó que esta acción representa una “ojeriza institucional, en términos de abuso de poder”. Según información periodística, la solicitud fue tramitada por la Fiscalía en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la PNP. Inicialmente se reportó que la jueza Enma Ortiz del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco había rechazado el pedido, pero Pérez Arroyo afirmó que dicho juzgado no recibió ni tramitó esta solicitud, lo que sugiere que podría estar en otra instancia aún no confirmada.

En declaraciones a la prensa, Pérez Arroyo señaló que se acercaría al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria en Surco para verificar la información. “Es muy evidente y grosero lo que está ocurriendo”, dijo, refiriéndose a la aparente intención de degradar a la Diviac y sus miembros por no alinearse con los intereses del poder actual.

Pérez Arroyo criticó que los esfuerzos por cumplir con el deber por parte de Colchado y otros miembros de la Diviac hayan resultado en procesos arbitrarios y ataques a la institución. "Lo único que han hecho es cumplir con su deber y cuando no lo han hecho en función de los intereses de quienes tienen el poder, les abren procesos e intentan destruir la institución", concluyó el abogado.