El titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, informó que se iniciarán investigaciones contra miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntos delitos vinculados al reciente proceso electoral. La medida también alcanza a altos funcionarios del sistema electoral, en medio de cuestionamientos por diversas incidencias registradas durante la jornada de votación.

Según explicó, las denuncias no solo involucran a integrantes del JNE, sino que también comprenden hechos relacionados con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas incidencias, que se habrían presentado principalmente en Lima pero también en otras regiones del país, están siendo derivadas a distintas fiscalías para su evaluación correspondiente.

Gálvez detalló que se designará a un fiscal supraprovincial encargado de centralizar las investigaciones a nivel nacional sobre las denuncias de irregularidades o posibles delitos. El objetivo es garantizar un análisis técnico y uniforme de los casos, en un contexto de alta sensibilidad política y social.

En paralelo, el fiscal supremo Juan Carlos Villena asumirá la evaluación de los casos que involucren a los miembros del pleno del JNE, incluido su presidente, Roberto Burneo Bermejo. Esta decisión responde a criterios establecidos por la Junta de Fiscales Supremos respecto a la competencia en este tipo de investigaciones.

El titular del Ministerio Público precisó que, si bien existe una norma que equipara ciertas prohibiciones entre el jefe de la ONPE y los miembros del JNE, no ocurre lo mismo con las prerrogativas. Por ello, en el caso de la ONPE, las investigaciones pueden recaer en fiscales de menor jerarquía, mientras que los integrantes del JNE serán evaluados en el ámbito supremo.

Asimismo, aclaró que la Fiscalía no tiene competencia para anular elecciones ni intervenir en decisiones de la justicia electoral, funciones que corresponden exclusivamente al JNE. En ese sentido, subrayó que el rol del Ministerio Público se limita a investigar la eventual comisión de delitos derivados del proceso.

Finalmente, Gálvez indicó que cualquier determinación sobre responsabilidades penales dependerá de los resultados de las investigaciones en curso. En paralelo, se espera que una eventual actualización de la normativa orgánica permita evitar controversias sobre competencias y reduzca riesgos de nulidades en casos de alta relevancia institucional.