La Fiscalía ratificó su pedido de cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas financieras de su organización política ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La posición del Ministerio Público fue sustentada durante una audiencia por la fiscal adjunta provincial Gladys Manuela Huete Gutiérrez.

Según la acusación fiscal, el también exministro habría incurrido en los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información relacionada con aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. La tesis del caso sostiene que se habrían reportado datos inexactos sobre el financiamiento partidario entre los años 2018 y 2021.

La investigación señala que, durante la presentación de informes financieros y reportes de campaña correspondientes a diversos procesos electorales, se habrían consignado montos que no coincidían con los aportes realmente recibidos. Asimismo, algunos aportes habrían sido canalizados mediante cuentas personales y no habrían sido informados oportunamente a la ONPE.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento para dos investigados por el presunto delito de fraude en la administración de persona jurídica, pero mantuvo la acusación contra Sánchez y otros tres implicados. La ratificación del pedido fiscal se produce en plena campaña electoral y vuelve a poner en debate la transparencia del financiamiento de las organizaciones políticas.