El Ministerio Público dispuso la devolución de los teléfonos móviles del fallecido expresidente Alan García a sus herederos, tras un extenso proceso judicial que se prolongó más de seis años. Los dispositivos habían sido incautados el 17 de abril de 2019, día en que el exmandatario se quitó la vida durante un allanamiento en su vivienda, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Los equipos fueron parte de las pesquisas contra Luis Nava, ex secretario de la Presidencia, y otros investigados por presunta colusión agravada en perjuicio del Estado. Las investigaciones están vinculadas a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y a la ejecución del Corredor Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, obras en las que se indaga la existencia de pagos ilícitos y sobornos.

En mayo de 2024, la Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmó la decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que autorizaba levantar el secreto de las comunicaciones de los celulares del exmandatario. La familia, integrada por la exprimera dama Pilar Nores y sus hijos, presentó un recurso de apelación alegando que la medida era desproporcionada e ilegal al aplicarse sobre una persona fallecida, pero este fue declarado infundado.

El abogado Éramo Reyna, representante de los herederos, sostuvo en su momento que el proceso vulneraba principios legales, pues la acción penal contra García se extinguió con su muerte. No obstante, la Fiscalía defendió la medida argumentando que las comunicaciones en vida del expresidente podían aportar pruebas relevantes para las investigaciones en curso sobre presunto lavado de activos y el uso de empresas offshore.

Con la reciente disposición del Ministerio Público, los celulares incautados el mismo día de la muerte de Alan García serán entregados a su familia, poniendo fin a una prolongada batalla legal que se convirtió en un capítulo paralelo dentro de las investigaciones derivadas del caso Odebrecht.