La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos, a través del Segundo Despacho a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, presentó acusación formal y solicitó ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang por los delitos de lesiones graves y lesiones leves cometidos durante las protestas sociales registradas el 12 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la acusación fiscal, ambos oficiales habrían incurrido en responsabilidad por omisión en los hechos que dejaron heridos a los ciudadanos Renato Murillo y Benedicto Huaccachi. El Ministerio Público también solicitó para ambos acusados una inhabilitación de tres años y ocho meses para ejercer cargos públicos, además del pago de una reparación civil de S/ 6.000 cada uno y S/ 30.000 por parte del tercero civil responsable.

Según la investigación, Renato Murillo sufrió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, lo que lo mantuvo en estado de coma durante doce días, mientras que Benedicto Huaccachi recibió el impacto de un proyectil similar a la altura de la pelvis. Por estos hechos, la Fiscalía también pidió siete años de prisión para el teniente PNP Luis Bazán como presunto autor directo, así como seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita.

Asimismo, en el caso de las lesiones leves contra Huaccachi, el Ministerio Público solicitó tres años de prisión para el suboficial de tercera Dino Tarrillo y dos años de cárcel para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor José Solari, también bajo la figura de comisión por omisión. Para estos efectivos se requirió igualmente una inhabilitación de tres años y ocho meses.

El caso se encuentra actualmente en la etapa intermedia o de control de acusación dentro del Poder Judicial, paso previo a un eventual juicio oral. La Fiscalía recordó además que Víctor Zanabria afronta otro proceso en el que se solicitó una condena de 35 años de prisión por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, fallecido durante las protestas ocurridas en Lima en enero de 2023. Con estas acciones, el subsistema especializado en derechos humanos busca determinar responsabilidades penales por los hechos registrados durante las movilizaciones desarrolladas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.