La presidenta Dina Boluarte anunció una serie de medidas drásticas para enfrentar la crisis de criminalidad en la provincia de Pataz, región La Libertad, tras el asesinato de 13 trabajadores mineros.

Entre ellas figura la instalación de una base militar, la suspensión de todas las actividades mineras por 30 días y la imposición de un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.

Durante su pronunciamiento, la mandataria aseguró que el Gobierno actuó desde el primer momento en que tuvo conocimiento del secuestro de los mineros. Asimismo, defendió al primer ministro Gustavo Adrianzén y reiteró su crítica a la Fiscalía, responsabilizándola de liberar a delincuentes como “Cuchillo”, uno de los presuntos implicados en la masacre, quien fue excarcelado en 2023.

Boluarte también anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control de la zona donde opera la minera Poderosa y que se excluirá del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a quienes figuran con condición suspendida. Además, exhortó a las empresas a no subcontratar sus concesiones para evitar que estas terminen en manos criminales.

Como parte de su estrategia, la jefa de Estado adelantó que pedirá al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia de “terrorismo urbano”, con el fin de contar con herramientas legales más severas contra bandas de extorsionadores, sicarios y redes criminales que operan en la región. Indicó que esta iniciativa ha sido solicitada anteriormente sin éxito, pero insistirá dada la gravedad de la situación.

La presidenta expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que el Ejecutivo brindará apoyo psicológico y social a los afectados. Finalmente, hizo un llamado a la unidad de todos los poderes del Estado para combatir la criminalidad, señalando que no se puede seguir permitiendo que estas zonas sigan controladas por bandas ilegales.