El Gobierno peruano autorizó un respaldo financiero de hasta 2.000 millones de dólares para Petroperú, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus operaciones frente a la crisis energética internacional, la falta de liquidez de la empresa y el incremento de los precios del petróleo. La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.º 003-2026 y contempla el uso de fideicomisos supervisados por ProInversión.

El decreto, firmado por el presidente José María Balcázar, señala que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han afectado la oferta mundial de crudo, elevando los precios internacionales y generando riesgos para países importadores de hidrocarburos como el Perú. El documento advierte además que el 74 % de la matriz energética nacional depende de combustibles derivados del petróleo.

Según el Ejecutivo, la ausencia de hidrocarburos tendría un impacto directo sobre las actividades económicas y no existen actualmente sustitutos capaces de garantizar la seguridad energética del país. Por ello, el Estado decidió implementar “medidas extraordinarias” para asegurar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles y cubrir servicios esenciales vinculados a la producción y distribución de hidrocarburos.

La norma establece que los recursos serán canalizados a través de fideicomisos y que únicamente ProInversión estará facultada para autorizar y supervisar el uso de los fondos. Asimismo, se permitirá a Petroperú constituir, de manera individual o asociada, un vehículo de propósito especial destinado a gestionar el financiamiento necesario para mantener la operación de la empresa estatal.

El decreto también dispone que el Ministerio de Energía y Minas del Perú podrá asumir compromisos contingentes de hasta 2.000 millones de dólares, lo que implica que Petroperú accederá nuevamente a financiamiento bancario con respaldo estatal en caso de incumplimiento. Además, se autorizaron compromisos de corto plazo de hasta 500 millones de dólares, los cuales deberán ser cubiertos con los recursos obtenidos mediante la operación principal.

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. El Ejecutivo precisó que los recursos comprometidos no afectarán los fondos destinados a programas de electrificación rural y otorgó a ProInversión la responsabilidad de validar técnicamente toda la operación financiera. Asimismo, el directorio y la gerencia general de Petroperú deberán ejecutar los actos societarios necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles tras recibir las instrucciones correspondientes.