El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay (Arequipa), a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation.

La medida se formalizó mediante la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM, emitida el pasado 13 de octubre por la Dirección General de Minería.

El documento señala que la empresa cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros, entre ellos la acreditación de propiedad sobre los terrenos superficiales y la presentación del estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado en 2014, así como el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) validado por el Senace en 2021. El Minem precisó, además, que no corresponde aplicar el procedimiento de consulta previa, al no existir presencia de pueblos indígenas en el área de influencia directa del proyecto.

Tía María, con una inversión estimada de 1400 millones de dólares, busca la extracción de cobre a cielo abierto, pero enfrenta desde hace más de una década la oposición de los agricultores del valle del Tambo, quienes advierten posibles daños ambientales sobre el río Tambo, fuente principal de agua para las zonas agrícolas de Islay, Dean Valdivia y Cocachacra.

Las protestas sociales contra el proyecto han sido históricamente violentas. En 2011 y 2014, las movilizaciones dejaron un saldo de siete fallecidos —seis manifestantes y un policía—, además de decenas de heridos y daños en la zona. Aunque la empresa asegura que no usará agua del río sino agua de mar, los pobladores continúan rechazando el proyecto por considerar que no cuenta con licencia social ni con las garantías suficientes para evitar impactos ambientales.

Organizaciones como la Red Muqui han cuestionado la validez del EIA y sostienen que la autorización otorgada es irregular. En marzo de 2025, representantes del valle del Tambo presentaron una demanda de amparo para solicitar la nulidad de las resoluciones que aprobaron el estudio ambiental y la construcción de la planta de beneficio. Mientras tanto, el Minem insiste en que el proyecto cumple las normas vigentes y podrá operar bajo supervisión estatal.