El Gobierno intensificó su ofensiva contra la criminalidad con un operativo de alto impacto encabezado por el presidente José Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez, que culminó con el traslado de 45 internos al pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I. La medida busca reforzar el control y neutralizar las operaciones delictivas que algunos reclusos continuaban dirigiendo desde prisión.

De los internos trasladados, 15 provenían del penal Miguel Castro Castro y cuentan con sentencias firmes por delitos como homicidio calificado, extorsión, secuestro y robo agravado. Los otros 30 reclusos, que ya cumplían condena en Ancón I, fueron reubicados en el nuevo pabellón bajo estrictas medidas de aislamiento y vigilancia permanente.

El ministro Martínez destacó que este nuevo régimen carcelario contempla una restricción total de privilegios y la eliminación de cualquier posibilidad de comunicación con el exterior. “Este pabellón de máxima seguridad no permitirá el ingreso ni la tenencia de objetos de ningún tipo. Se aplicará el apagón eléctrico total, sin enchufes ni accesos a conexiones. Además, el uso obligatorio de uniformes busca mantener el orden, la disciplina y la autoridad dentro del establecimiento”, afirmó.

El operativo fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con apoyo de 50 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú. La acción fue calificada por las autoridades como una muestra de fuerza frente al crimen organizado y las mafias que aún operan desde los penales.

En la intervención también participaron el viceministro de Justicia, el presidente del INPE, representantes de la Policía Nacional y de la Defensoría del Pueblo, quienes supervisaron el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos durante el proceso de traslado y reclusión.

El presidente José Jerí sostuvo que el Estado no dará tregua al crimen y que estas medidas marcan el inicio de una etapa de mayor rigor penitenciario. “Estamos en guerra contra el crimen. Quien pretenda dirigir actividades delictivas desde una cárcel se enfrentará a un sistema sin concesiones ni privilegios”, advirtió.