A un día del paro nacional de transportistas, los gremios formales de transporte han anunciado que no se sumarán a la paralización y continuarán con sus operaciones habituales. Según Carlos Brusso, vocero de Sutran, más de 7 mil empresas de transporte de pasajeros y 160 mil empresas de carga han ratificado su compromiso de mantener el servicio en todo el país.

Brusso destacó que estos gremios consideran vital garantizar la operatividad de las redes viales para el bienestar de la ciudadanía, y han manifestado su rechazo al paro, asegurando que "el Perú no puede detenerse". Esta decisión refleja una creciente división en el sector de transportes, ya que mientras algunos grupos mantienen su adhesión al paro, los formales han optado por priorizar la continuidad de sus actividades.

No obstante, los transportistas formales han expresado su preocupación por la seguridad durante el paro, recordando episodios violentos en anteriores paralizaciones, donde sus vehículos fueron atacados y dañados. Ante esta situación, han solicitado al gobierno garantizar la protección necesaria para operar sin ser víctimas de la violencia, particularmente en zonas críticas como la Panamericana Norte.

Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, también se pronunció al respecto, señalando que el paro está siendo promovido por algunos grupos ilegales, lo que genera incertidumbre entre los transportistas formales. "No se debe negociar ni ceder ante aquellos que operan fuera de la ley", afirmó Ojeda, haciendo un llamado a la legalidad y al orden en el sector.

Los gremios formales han solicitado al Ejecutivo que tome medidas drásticas contra la delincuencia y la extorsión, problemas que afectan gravemente a sus actividades. Incluso, han propuesto la intervención del ejército para apoyar a la Policía Nacional en garantizar la seguridad en los tramos más vulnerables del país, como parte de un esfuerzo por evitar que la violencia interrumpa el flujo comercial y de pasajeros.

La postura de los transportistas formales pone de relieve la creciente presión sobre el gobierno para abordar la inseguridad ciudadana y evitar que actos de violencia afecten las actividades del sector.