El Indecopi impuso de manera definitiva una multa superior a S/59,5 millones a la cementera Yura S.A. y a Racionalización Empresarial S.A., ambas pertenecientes al Grupo Gloria, tras determinar que aplicaron prácticas anticompetitivas entre 2014 y 2019 para limitar la presencia de otras marcas de cemento en el sur del país.

La decisión, adoptada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, también incluyó sanciones individuales de S/936.000 para ocho directivos y trabajadores vinculados a las conductas imputadas.

La resolución del Indecopi, sustentada en la investigación contenida en el expediente N.º 0266-2025/SDC-INDECOPI, concluyó que Yura controló durante esos años más del 90% del mercado en Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. En ese contexto, la empresa modificaba condiciones comerciales, ejercía presiones y condicionaba la continuidad de las relaciones con ferreterías y distribuidoras a que estas abandonaran la comercialización de productos competidores, afectando el proceso competitivo en toda la región.

Según el ente regulador, las estrategias aplicadas incluyeron la exclusión selectiva de establecimientos en programas de fidelización, restricciones de venta a distribuidores que ofrecían cemento rival y advertencias a transportistas de que no serían contratados si trasladaban productos de otras empresas. Estas prácticas, sostuvo la Sala, limitaron la oferta disponible para los consumidores y permitieron a la compañía mantener precios más altos de lo que hubiera ocurrido en un mercado competitivo.

El fallo también concluyó que Racionalización Empresarial S.A., vinculada al transporte y parte del mismo grupo económico, operó como pieza clave para fortalecer el esquema de restricciones, contribuyendo a impedir la entrada de nuevos competidores. En consecuencia, además de las multas, el Tribunal ordenó que ambas empresas implementen un programa de cumplimiento que garantice el respeto a las normas de libre competencia en sus operaciones comerciales.

La resolución, considerada definitiva en sede administrativa, señala que la actuación conjunta de ambas compañías configuró un bloqueo sistemático contra marcas de cemento alternativas, perjudicando a consumidores y generando distorsiones sostenidas en el mercado. El organismo regulador remarcó que estas prácticas afectaron la calidad del servicio y privaron a los usuarios del acceso a mejores condiciones comerciales.

En respuesta a la decisión, Yura expresó su desacuerdo mediante un comunicado público, afirmando que la Sala solo confirmó parcialmente el fallo de primera instancia y redujo el monto original de la sanción. La empresa anunció que recurrirá a la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo y destacó que el pronunciamiento incluye un voto discordante que proponía revocar íntegramente la sanción. Según la cementera, sus operaciones cumplen estándares normativos y confía en obtener una revisión exhaustiva del caso en las instancias judiciales correspondientes.