El abogado especialista en legislación electoral José Tello Alfaro señaló que los cuestionamientos sobre las denominadas mesas 900 de los centros poblados deben seguir el procedimiento establecido por las autoridades electorales, en el marco de una auditoría y las revisiones correspondientes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Las declaraciones fueron brindadas en el programa “Con el Pie Derecho”, de Alfonso Baella Herrera, emitido por la señal de Bethel Radio 100.1 FM.

Tello indicó que las observaciones a determinadas actas forman parte de situaciones que suelen presentarse en procesos electorales y remarcó que el calendario electoral debe continuar conforme a ley. “El cuestionamiento a las actas de los centros poblados es algo natural. Eso tiene que seguir un conducto que es el de la auditoría. El Jurado va a ver ese tema. El calendario electoral continúa porque no puede dejarse de lado el cronograma electoral. Eso es inexorable”, manifestó.

El especialista recordó que en anteriores elecciones también se registraron controversias y reclamos similares. Como ejemplo, mencionó el proceso de hace dos décadas entre Alan García y Lourdes Flores Nano, donde igualmente se habló de presuntas manipulaciones y cuestionamientos a la personería electoral. “La historia se repite. Ahí también fue bastante complicado”, sostuvo.

Asimismo, explicó que el respeto al cronograma electoral se encuentra respaldado por criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y enfatizó la importancia de preservar la seguridad jurídica para el funcionamiento del Estado de derecho. Según precisó, modificar reglas o procedimientos ya definidos podría generar un escenario de incertidumbre institucional.

Tello remarcó que las protestas y reclamos pacíficos son legítimos dentro de una democracia, pero recordó que la Constitución establece que los mecanismos de participación política deben desarrollarse mediante leyes orgánicas. En ese sentido, afirmó que el Tribunal Constitucional ya fijó criterios sobre estos temas desde hace más de 20 años y advirtió que reabrir esas discusiones podría “abrir el fuego a una inseguridad jurídica” peligrosa para el país.