Por Carlos Rivero Melgar, publicado en La Noticia

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, en conversación con nuestro canal digital La Noticia Perú, señaló que se ha pervertido el concepto lesa humanidad para perseguir judicialmente y encarcelar a los militares que derrotaron al terrorismo.

¿Qué opina de esta ley que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad y señala que nadie será condenado por delitos cometidos antes del 1 julio del 2002?

Ya era hora que el Congreso y las autoridades políticas pongan freno a esta situación de injusticia y manipulación ideológica. Por años se ha permitido una injusticia y tergiversación de la ley para perseguir judicialmente y encarcelar a militares que pelearon contra Sendero Luminoso.

Cuando uno escucha delitos de lesa humanidad no se refiere a los terroristas, sino solamente a los militares y policías que lo enfrentaron

Efectivamente, y la consideración de delitos de lesa humanidad encuadra desde el concepto de masacres indiscriminadas dirigidas desde el Estado de una forma estructural y sistemática contra un grupo específico de personas. Ese concepto de lesa humanidad, incorporarlo a la realidad peruana, es perverso porque profundiza la polarización interna. Acá se enjuicia a soldados, suboficiales, oficiales indiscriminadamente de delitos de lesa humanidad y sin conexión con el poder político, porque teníamos un gobierno democrático, un congreso democrático. Se actuaba dentro del Estado de derecho. Se ha pervertido el uso de lesa humanidad como medio de perseguir judicialmente, y acá hay responsabilidad del Estado, de políticos anteriores y de jueces prevaricadores que han utilizado este argumento para encarcelar a personas inocentes y tratar a los militares como criminales. En cualquier sociedad sana, luego de la guerra del Estado contra los terroristas, no se coloca en la cárcel a los militares que derrotaron a los terroristas.

La CIDH le ha dado un ultimátum al Ejecutivo para evitar que se apruebe esta ley

Esa corte exige y ordena, bajo una supuesta sumisión de la soberanía nacional a los dictados de un organismo internacional, producto de un acuerdo internacional. Aquí no interesa la Constitución, sino la voluntad de un grupo de personas de un organismo internacional pagado por un conglomerado de empresas. Si dejamos que los organismos internacionales ordenen o exijan a nuestros congresistas, entonces en el Perú ya no hay una república y vendríamos a ser parte de un protectorado de una ONG que no asumen ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos.

¿Cree que estas ONG que defienden los derechos de terroristas van a presionar para que esta ley no se promulgue?

Esas ONG son muy poderosas. Las ONG han cambiado los principios de defensa de la verdad, de la libertad, de los derechos; por una visión ideológica del progresismo liberal que quiere cambiar valores, que quiere construir una realidad a partir de emociones, percepciones y sentimientos. La verdad y la justicia se ha subordinado a una visión ideológica, una aplicación ideológica de la justicia fomentada por ONG que tienen mucho dinero y no asumen responsabilidades. Si las ONG actúan como elementos de poder, tienen que ser responsables del poder que se genera, porque poder sin responsabilidad es una tiranía; y van a ser responsables de saldar los daños que han venido causando. Las ONG no pueden escapar de la responsabilidad ni de pagar las consecuencias del daño que vienen causando en la sociedad al encarcelar a sus soldados y al polarizar la sociedad.

Ha surgido un nuevo enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso porque se ha permitido el regreso de Inés Tello y Aldo Vásquez a la JNJ.

El TC ya se ha pronunciado anteriormente en circunstancias similares de permitir el respeto de los espacios de los distintos poderes de la república, porque esa es la base del funcionamiento de la república, la separación de poderes. Lamentablemente, observamos cómo un poder del Estado pareciera estar al servicio de organismos internacionales, antes que del Perú. Por otro lado, el Ministerio Público está ejerciendo un desacato a la autoridad de la Constitución al querer imponerse sobre un poder del Estado, rompiendo el equilibrio de poderes, apoyados por las ONG y organismos internacionales financiados por grupos de poder a los que no les interesa lo que sucede en Perú. El PJ y el MP han abandonado su responsabilidad de generar justicia, por servir a intereses de organizaciones internacionales.

OPINA QUE SE ANULA LA SEPARACIÓN DE PODERES

Qué opina del dictamen sobre tipicidad de una organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del investigado y de su abogado.

Este título de organización criminal también ha sido pervertido e ideologizado por un sector del MP y las ONG. Todo aquel que no está de acuerdo o rechaza su ideología puede formar, de un momento a otro, parte de una organización criminal. Y estas ONG, con la justicia, se enfocaron contra partidos políticos que no seguían su agenda, contra grupos opositores, y ahí es donde se pervierte el concepto de organización criminal. Con la excusa de organización criminal se allana la casa de la presidenta de la República, se quiere entrar al Congreso; es decir, se anula la separación de poderes. Cuando hay flagrancia, o cuando hay necesidad de intervenir una organización criminal, pero verdadera como el Tren de Aragua o una organización de tráfico de niños, se deben dar todas las facilidades a la Policía y al MP. Y creo que ese factor de exigir la presencia del abogado en los allanamientos va a ser corregido.