La Junta Nacional de Justicia (JNJ) repuso a Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación dentro del plazo otorgado por el Poder Judicial. La medida cautelar ordenaba suspender el proceso disciplinario en su contra y rehabilitarla para que retomara de inmediato sus funciones; sin embargo, emitió ninguna notificación ni a su defensa ni al interior del Ministerio Público.

El juez constitucional Juan Torres Tasso había fijado el límite para el viernes 14, tras resolver que el proceso disciplinario debía paralizarse mientras se evaluaba el fondo del caso. Pese a ello, desde la medianoche no se conoció resolución alguna, según información periodística. El fiscal interino Tomás Gálvez sostuvo que permanecerá en el cargo hasta que exista una comunicación formal, al señalar que cualquier cambio depende exclusivamente de la JNJ.

Desde el área de comunicaciones de la institución tampoco se ha confirmado si los consejeros encabezados por Gino Ríos adoptaron una decisión o si continúan evaluando el cumplimiento. Además, se precisó que la JNJ no ha detenido la investigación pese al mandato judicial y que esta semana se programaron diligencias, incluida la declaración de Espinoza ante la instructora del caso, María Teresa Cabrera. Esta acción fue considerada como evidencia de desacato por la propia afectada ante el despacho del magistrado.

Torres Tasso ya había advertido previamente una conducta similar por parte de los consejeros al interpretar de manera unilateral el alcance de la medida cautelar. El juez señaló que la orden era clara y debía ejecutarse sin excepciones ni interpretaciones adicionales, considerando que el proceso disciplinario se originó por la presunta negativa de Espinoza a ceder el cargo a Patricia Benavides, y que separar los hechos para mantener la sanción implicaba vulnerar la resolución judicial.

Ante este escenario, el magistrado se encuentra en facultad de imponer sanciones y denunciar por desobediencia a la autoridad. El caso se vuelve más trascendente debido al impacto institucional que supone mantener decisiones administrativas por encima de lo dispuesto por un juez constitucional, así como por la continuidad de un proceso disciplinario que debía quedar suspendido totalmente.

Para los próximos días se espera que el Poder Judicial evalúe las nuevas comunicaciones presentadas y determine si corresponde ejecutar medidas adicionales. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa bajo la conducción interina de Tomás Gálvez, en medio de un clima de tensión jurídica y cuestionamientos sobre el respeto a las órdenes judiciales en el sistema de justicia peruano.