Diversos especialistas en derecho constitucional y penal advirtieron que el presidente interino, José María Balcázar, podría afrontar responsabilidades constitucionales, políticas y penales si decide conceder un indulto al expresidente Pedro Castillo tomando como sustento el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó de arbitraria su detención y recomendó su inmediata liberación.

El documento, elaborado en mayo y difundido recientemente, sostiene que la detención de Castillo tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 careció de base legal e insta al Estado peruano a liberarlo y otorgarle una reparación. La solicitud fue presentada por su abogado, Wilfredo Robles. No obstante, los especialistas consultados remarcaron que dicho informe constituye una recomendación y no una decisión de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano.

El constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que, de concretarse un indulto, las autoridades que lo suscriban podrían responder ante el próximo Congreso por presuntas responsabilidades políticas, penales y constitucionales. Añadió que una eventual liberación de Castillo podría ser posteriormente anulada por las instituciones de justicia, lo que implicaría su retorno a prisión.

Por su parte, la exministra de Justicia Delia Muñoz sostuvo que la Constitución establece supuestos específicos para la concesión de indultos, conmutaciones de pena y derecho de gracia, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en el caso del exmandatario. Asimismo, afirmó que el informe del grupo de trabajo de la ONU no tiene el mismo valor jurídico que una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionó que no haya considerado la resolución del Tribunal Constitucional sobre los hechos del 7 de diciembre de 2022.

Muñoz recordó que el Tribunal Constitucional determinó en 2023 que Pedro Castillo se colocó al margen de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso y la intervención del sistema de justicia, perdiendo las prerrogativas propias del cargo. Según la exministra, ese pronunciamiento constituye un elemento central para evaluar la situación jurídica del exmandatario y, por ello, considera que cualquier decisión sobre una eventual gracia presidencial debe ajustarse estrictamente al marco constitucional vigente.