El Poder Judicial dispuso que Rutas de Lima suspenda el cobro en los peajes ubicados en Villa y Punta Negra, tras declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

Según la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, la medida responde a la vulneración del derecho a la libertad de tránsito denunciada por la comuna. La orden judicial advierte que, de no cumplirse la disposición, podrían imponerse multas sucesivas.

La concesión de los peajes está vinculada al contrato firmado el 9 de enero del 2013 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima para el proyecto Vías Nuevas de Lima, con una vigencia de 30 años. El acuerdo, que abarca tramos como el kilómetro 31.5 de la Panamericana Norte y los intercambios viales de Habich y Ancón, ha sido señalado en investigaciones fiscales por presunto pago de coimas vinculadas a la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.

La empresa Rutas de Lima informó que los usuarios podrán utilizar su saldo en otras estaciones o solicitar la devolución correspondiente, de acuerdo con los procedimientos comunicados anteriormente. Sin embargo, la compañía enfrenta actualmente un escenario complejo debido a su decisión de ingresar a un proceso de disolución y liquidación, anunciada en septiembre. En ese momento, señaló que las restricciones impuestas por la Municipalidad de Lima —incluyendo la limitación de cobro de peajes— habían hecho imposible continuar con sus operaciones.

La empresa sostuvo que el clima generado por la actual administración edil afectó su capacidad para cumplir el contrato de concesión, señalando que se tomaron medidas unilaterales desde la gestión municipal que afectaron el equilibrio económico del proyecto. A partir de ello, indicó que no era viable continuar y que procedería con la liquidación de manera ordenada, respetando los compromisos laborales y comerciales vigentes hasta la entrega de la concesión a las autoridades correspondientes.

En paralelo a este conflicto, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga anunció que exigirá al fondo canadiense Brookfield —accionista mayoritario de Rutas de Lima— una indemnización superior a S/ 3 mil millones por los perjuicios ocasionados al Estado peruano tras la liquidación de la concesionaria. El exburgomaestre solicitó que el Concejo Metropolitano autorice acciones civiles contra la firma, afirmando que debe devolverse el dinero asociado a lo que considera un contrato perjudicial para la ciudad.

La orden judicial de suspensión del cobro de peajes agrega un nuevo capítulo a la disputa entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana. Mientras la empresa insiste en que el contrato tenía como objetivo modernizar y mantener la infraestructura vial, las autoridades municipales han cuestionado su origen y condiciones. La decisión del Poder Judicial abre paso a nuevas medidas que podrían redefinir el futuro de la concesión y la administración de los peajes en Lima.