El excongresista Mauricio Mulder y la congresista Tania Ramírez han lanzado severas críticas al Ministerio Público (MP) por su postura frente al proyecto de ley que devuelve la facultad de realizar investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambos coincidieron en que el MP no tiene la autoridad para resistirse a las leyes aprobadas por el Congreso y lo acusaron de actuar con sesgo y parcialidad en temas de corrupción.

Mauricio Mulder afirmó que el Ministerio Público "no es un poder del Estado" y que tiene la obligación de acatar las leyes emitidas por el Congreso. “El Ministerio Público está obligado a respetar el Estado de Derecho. No hacerlo es sedición”, sentenció Mulder. El exparlamentario insistió en que el Congreso está en pleno derecho de reformar la normativa para fortalecer a la PNP en su capacidad de realizar investigaciones preliminares, lo cual —según él— beneficiaría la justicia.

Por su parte, la congresista Tania Ramírez fue aún más directa en sus críticas. Señaló que la Junta de Fiscales Supremos no tiene la "autoridad moral ni profesional" para cuestionar la legislación impulsada por el Congreso. Ramírez aseguró que muchos fiscales han retrasado o ignorado investigaciones contra exfuncionarios corruptos, mencionando específicamente a personajes como Martín Vizcarra, Susana Villarán, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También acusó al MP de otorgar impunidad a empresas involucradas en escándalos de corrupción como Odebrecht y Graña y Montero, vinculadas al "Club de la Construcción".

“La Junta de Fiscales Supremos se atreve a señalar que es inconstitucional legislar para que el Congreso devuelva la facultad de investigación preliminar a la Policía. Ellos han fallado en su trabajo y no tienen derecho a cuestionar a los congresistas que buscan soluciones”, expresó Ramírez. La parlamentaria también arremetió contra el manejo de las denuncias contra fiscales que, según ella, han protegido a violadores y delincuentes.

Estas declaraciones surgen en medio de un tenso debate entre el Congreso y el Ministerio Público sobre el control de las investigaciones preliminares y la independencia del sistema judicial frente al poder legislativo.